AFP . 17 enero
La misión fue creada por la OEA el 19 de enero del 2016 por un periodo de cuatro años a petición del presidente Hernández, en medio de grandes manifestaciones en protesta por el saqueo de 330 millones de dólares del Seguro Social. Foto tomada de Twitter
La misión fue creada por la OEA el 19 de enero del 2016 por un periodo de cuatro años a petición del presidente Hernández, en medio de grandes manifestaciones en protesta por el saqueo de 330 millones de dólares del Seguro Social. Foto tomada de Twitter

El anuncio del cierre de la misión internacional de la OEA contra la corrupción en Honduras este viernes generó indignación en distintos sectores, tras cuatro años de trabajo en los que el organismo incluso denunció a la esposa del presidente Juan Orlando Hernández.

"Hoy es un día nefasto para nuestro país, ganaron los corruptos y criminales que lo tienen secuestrado", tuiteó el presidente del opositor Partido Liberal (PL, derecha), Luis Zelaya.

El gobierno "lamentó" en un comunicado no haber alcanzado los consensos para un nuevo convenio, a pesar de los esfuerzos realizados para que la Organización de Estados Americanos (OEA) acompañara la construcción de un nuevo sistema contra la corrupción y la impunidad.

En tanto, la Secretaría General de la OEA advirtió en otro comunicado que el fin de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH) "constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país".

Sin embargo, el gobierno argumentó que tomó en cuenta "denuncias de algunos sectores sociales, económicos y políticos" sobre "excesos" de la MACCIH.

Acusados por la misión "alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales", afirmó un comunicado oficial.

"La misión colaboró activa y exitosamente con la institucionalidad hondureña para enfrentar el problema endémico que representa la corrupción", dijo por su parte la OEA.

"O salimos todos a las calles a sacar este narcogobierno o más temprano que tarde deberemos acompañar a los compatriotas que huyen sin esperanzas ni anhelos de vivir en Honduras", añadió el opositor Zelaya.

El político aludió a que Honduras fue considerada un "narcoestado" en octubre en una corte de Nueva York, donde el exdiputado Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de cuatro delitos de narcotráfico.

Zelaya también hizo referencia a la caravana migratoria de unos 3.000 hondureños que partió el miércoles hacia Estados Unidos huyendo del desempleo y la violencia.

“Lamentable decisión para Honduras, no hay compromiso del gobierno con la transparencia”, tuiteó por su parte el influyente presidente del gremio empresarial del norte del país, Pedro Barquero.

"La MACCIH la exigió el pueblo hondureño y hoy la dictadura de Juan Orlando con comparsa con Donald Trump la liquia", posteó de su lado el derrocado presidente en 2009 Manuel Zelaya.

El expresidente añadió que "el legado que deja la OEA-MACCIH" es "la certeza que los titulares del crimen organizado, la corrupción y la impunidad están en los altos niveles del Estado".

Apoyo de la fiscalía

"No es el fin de la MACCIH, es el fin del Estado de Derecho en Honduras", sentenció por las redes la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos.

La misión fue creada por la OEA el 19 de enero del 2016 por un periodo de cuatro años a petición del presidente Hernández, en medio de grandes manifestaciones en protesta por el saqueo de 330 millones de dólares del Seguro Social.

El presidente admitió que decenas de miles de dólares de ese dinero entraron al equipo de campaña que lo llevó al poder en las elecciones de 2013, aunque aseguró que no sabía del desvío.

Desde su instalación, la misión se convirtió en un apoyo de la fiscalía contra la corrupción, que presentó una docena de casos contra diputados, funcionarios y empresarios, algunos muy cercanos a Hernández por el desvío de fondos públicos a cuentas personales.

En tanto, el Congreso aprobó una serie de leyes para proteger a los acusados.

Pero al mismo tiempo que la fiscalía presentaba los casos en los juzgados, la MACCIH señalaba públicamente a través de medios de comunicación a otras personas presuntamente involucradas en actos sospechosos, incluyendo la primera dama, Ana García, lo que algunos consideraron una violación al principio de inocencia.