“Los jueces decidieron que una investigación sobre la situación en Afganistán en este momento no serviría a los intereses de la Justicia”, indicó en un comunicado la Corte con sede en La Haya, Países Bajos.
Esta decisión se produce una semana después de que Estados Unidos anulara el visado de la fiscala general de la CPI, Fatou Bensouda, debido a una posible investigación sobre abusos cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán.
Estados Unidos, que no se adhirió al tratado fundacional de la Corte, el Estatuto de Roma, anunció el mes pasado restricciones de visado para intentar impedir cualquier investigación de la institución contra militares estadounidenses.
Bensouda anunció en noviembre de 2017 que iba a pedir a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto afgano, en especial por el Ejército estadounidense. La oficina de la fiscala había abierto un examen preliminar en 2006.
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Entretanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, tildó el viernes de “gran victoria” la decisión de la CPI.
“Esta es una gran victoria internacional, no solo para esos patriotas, sino para el imperio de ley”, destacó Trump en un comunicado.
Difícil investigación
Teniendo en cuenta las informaciones proporcionadas por la fiscala, los jueces concluyeron que existía “una base razonable que permite considerar que se habrían cometido crímenes en Afganistán que son de la competencia de la CPI”.
En cambio, "la situación actual en Afganistán es tal que hace extremadamente difícil el éxito de una investigación y de un proceso judicial", afirmó.
"En consecuencia, es poco probable que la continuación de una investigación conduzca al logro de los objetivos enumerados por las víctimas a favor de la investigación", decidieron los jueces.
Es necesario "para la Corte usar sus recursos otorgando la prioridad a las actividades que tengan más posibilidades de estar coronadas por el éxito" explicaron.
La decisión de los jueves de la CPI “es un golpe devastador para las víctimas que sufrieron graves crímenes, sin haber obtenido reparación”, reaccionó la ONG de defensa de derechos humanos, Human Rights Watch, en un comunicado.
“La lógica de los jueces permite efectivamente a los Estados sustraerse a su obligación de cooperar con la investigación de la Corte”, se lamentó Param-Preet Singh, directora adjunta del programa Justicia internacional de la ONG, citada en este comunicado.
"Ello envía un mensaje peligroso a los agresores, según el cual pueden colocarse fuera del alcance de la ley, simplemente al no cooperar" agregó.
La CPI, fundada en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, ha tenido muchas dificultades en los últimos meses en demostrar su eficacia, y ha estado fragilizada en especial por una serie de ataques inéditos por parte de Estados Unidos.
Las relaciones entre Washington y la CPI han sido siempre malas. Estados Unidos, que se ha negado a adherir a esta Corte, ha hecho todo lo posible -en especial mediante acuerdos bilaterales con varios países- para evitar que ciudadanos estadounidenses puedan ser objeto de investigaciones o encausamiento.
