Las detenciones arbitrarias, el exilio forzado, la expatriación, la tortura, las desapariciones forzadas y la confiscación injusta de bienes son de los motivos principales de preocupación de parte de la OEA.
También se denuncia la eliminación de documentos oficiales, la prohibición de ingreso al propio país, la vigilancia constante y el hostigamiento contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la Iglesia católica.
Estas prácticas, de acuerdo con informes internacionales, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El documento señala que el gobierno nicaragüense ha extendido sus acciones represivas internacionalmente, utilizando de manera indebida mecanismos de cooperación internacional, como las notificaciones rojas de Interpol y alertas falsas sobre documentos de viaje. Agregó que estas estrategias, buscan intimidar y silenciar a nacionales que se encuentran en el exilio.
El Consejo Permanente manifiesta su alarma ante la adopción de nuevas medidas legales que restringen la libertad de expresión y debilitan la protección contra la tortura. También critica la eliminación de principios relacionados con la dignidad humana en la legislación nacional.
Según el organismo, esto contradice los compromisos asumidos por Nicaragua en materia de derechos humanos. Estas reformas refuerzan un modelo autoritario que limita las libertades fundamentales de los ciudadanos.
Por estas razones, la OEA insta al Estado nicaragüense a poner fin de inmediato a las violaciones a los derechos humanos y a liberar a todas las personas detenidas injustamente.
El documento también subraya la importancia de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas, con el objetivo de combatir la impunidad. En este sentido, se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continúe monitoreando la situación e informando al Consejo Permanente.
La OEA busca optar por un diálogo constructivo con Nicaragua y le exige al país retornar a la organización para restablecer la cooperación internacional.
En Nicaragua, el dictador, Daniel Ortega lleva en el poder de forma consecutiva desde 2007, y su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo, fue instaurada como tal en enero de 2025. Sin embargo, Ortega ya estuvo en el poder en el periodo 1985-1990.
Esta situación genera preocupación a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado los crímenes de lesa humanidad del país, por ejemplo, la represión a opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica como Roberto Samcam.
La resolución refleja la preocupación de la comunidad internacional ante la crisis nicaragüense y reafirma el compromiso de la OEA con la defensa de la democracia, la justicia y la dignidad humana.
