En unas declaraciones, las cuales se hicieron en televisión venezolana y han generado un intenso debate político, Maduro aseguró haber planteado esta iniciativa directamente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como parte de una estrategia para pacificar la recién establecida “zona económica binacional”.
La propuesta, revelada en una entrevista televisiva, busca fortalecer la cooperación militar y policial entre ambos países para enfrentar a grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal que operan en los 2.200 kilómetros de frontera compartida.
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Maduro enfatizó que si se unen “fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial”, la región fronteriza podría ser un “laboratorio de paz” y desarrollo.
La propuesta surge en un momento de acercamiento entre ambos gobiernos, marcado por la reapertura de la frontera y la firma de acuerdos de colaboración en diversos sectores.
El contexto de estas declaraciones es la creación de la “zona económica binacional”, un proyecto que busca revitalizar el comercio y el desarrollo en la región.
Esta zona abarcaría los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira.
Sin embargo, la propuesta de integración militar va mucho más allá de la cooperación económica, generando preocupación en varios sectores de la opinión pública y política colombiana.
Quien ha demostrado su completo apoyo a esta idea ha sido el jefe de gabinete, Alfredo Saade, quien calificó la iniciativa como “el inicio de un sueño”, aclaraciones posteriores desde el gobierno colombiano han reiterado que, aunque existe un acuerdo para una zona de paz y desarrollo, no habrá presencia militar venezolana en territorio colombiano.
La propuesta de Maduro se presenta como una solución audaz a los problemas de seguridad en la frontera. No obstante, las reacciones políticas y las implicaciones legales y de soberanía plantean un largo y complejo camino para que esta idea pueda materializarse.
