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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este sábado una propuesta de reforma constitucional según la cual el país no reconocerá leyes extranjeras ni normas de organismos internacionales que, según el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, atenten contra su soberanía.
La modificación se aprobó en una sesión especial del Parlamento, controlado por el oficialismo, y será incorporada al proyecto de reforma constitucional que se someterá a votación en setiembre junto con otra iniciativa que, según organismos y países críticos de Ortega y Murillo, busca excluir a opositores de futuras elecciones.
Ortega afirmó el pasado 19 de julio que en Nicaragua no se volverían a celebrar elecciones, en el marco del 47.° aniversario de la Revolución Sandinista.
“Aquí no volverán a haber elecciones. No crean que porque no hay guerra estamos en paz. Ellos (la oposición) viven conspirando, buscando cómo organizar partidos, para que, en una elección, esos partidos ganen las elecciones. Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somosistas, volverán a llegar al gobierno, jamás”, afirmó entonces Ortega.
A 34 días de la declaración, el servicio de prensa de la Asamblea Nacional informó que el plan de reforma se aprobó por unanimidad para modificar el artículo 12 de la Constitución y establecer que no tendrán efecto jurídico en Nicaragua las leyes, reglamentos o normativas extranjeras.
El nuevo texto establecería que Nicaragua prohíbe la extraterritorialidad de las leyes extranjeras.
También señala que ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estado u organismo internacional afectarían “la independencia, soberanía o paz del país tendrá “efectos jurídicos en el territorio nacional”, según el comunicado oficial.
La propuesta precisa que únicamente tendrán aplicación los convenios suscritos en nombre del Estado nicaragüense.
“Las leyes son nicaragüenses para los nicaragüenses, y no hay ley, no hay ley de fuera que venga a entorpecer y hacer efecto en Nicaragua”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, antes de la votación.
En declaraciones divulgadas por la propia Asamblea, Porras sostuvo que el cambio busca dejar “sellado, claro, sin duda” que ninguna ley extranjera tendrá efecto jurídico en Nicaragua, incluso si procede de una potencia extranjera.
El jerarca parlamentario argumentó que las leyes y la Constitución deben ser defendidas por los nicaragüenses y afirmó que “no van a venir de afuera a dictarnos ninguna ley”.
La incorporación de este apartado sobrevino dos días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución promovida por Estados Unidos para convocar a una reunión “urgente” de cancilleres con el fin de analizar posibles acciones ante el plan del Gobierno nicaragüense de eliminar las elecciones competitivas.
La propuesta de modificación constitucional podría representar un intento de impedir que el Gobierno de Ortega deba acatar eventuales resoluciones de la OEA o de Estados Unidos.
La OEA ha celebrado en los últimos años numerosas sesiones sobre la situación nicaragüense, que en su mayoría han terminado con pronunciamientos de condena.
Una eventual reunión de cancilleres podría abrir la puerta a medidas de mayor alcance, entre ellas rupturas o degradaciones de relaciones diplomáticas y presiones económicas.
Ortega, de 80 años, y Murillo, cinco años menor, gobiernan Nicaragua con amplio control sobre las instituciones y la sociedad desde la crisis política de 2018.
La represión de las protestas de ese año dejó unos 300 muertos, según estimaciones de Naciones Unidas, y provocó el exilio de cientos de miles de nicaragüenses.
