Escuchar
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles 17 de junio las reformas a cinco normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, cambios que incorporan nuevas obligaciones para organizaciones, empresas y entidades financieras.
El documento aprobado, consultado por La Nación, fue presentado por el régimen de Daniel Ortega el lunes 15. Las modificaciones incluyen un mayor control sobre la información financiera de organizaciones sin fines de lucro, la actualización de datos sobre beneficiarios finales de diferentes estructuras jurídicas y nuevas disposiciones para supervisar operaciones vinculadas con activos digitales y movimientos de dinero.
Para críticos de la medida, eso implica acceso a información bancaria de opositores al régimen, que ya tiene amplio control sobre bienes y servicios a los que tiene acceso la población.
Las reformas modifican:
- Ley 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Ley 976 de la Unidad de Análisis Financiero.
- Ley 641 sobre el Código Penal.
- Ley 406 sobre el Código Procesal Penal.
- Ley 735 de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.
El régimen Ortega-Murillo sostiene que los cambios buscan adecuar la legislación a estándares internacionales, mientras que juristas críticos consideran que podrían fortalecer los mecanismos de vigilancia y control estatal.
Implicaciones para ciudadanos y organizaciones
Además, la reforma amplía las facultades de las autoridades para la investigación de estos delitos, incluyendo medidas relacionadas con el acceso a información, la inmovilización de recursos y la administración de bienes vinculados a procesos por lavado de activos.
El Gobierno nicaragüense sostiene que las reformas buscan adecuar la legislación nacional a estándares internacionales en materia de prevención de delitos financieros.
No obstante, críticos de las medidas advierten que los cambios podrían aumentar el alcance del Estado sobre la actividad de organizaciones civiles y otros sectores del país.
Para Eliseo Núñez, abogado nicaragüense exiliado en Costa Rica, las acciones de Ortega-Murillo son una distracción.
“Lo que realmente ellos buscan de fondo es dar la impresión de que está avanzando en el tema de combate al terrorismo, lavado de activos ... pero la búsqueda es ocultar esta serie de reformas y que les permite aumentar la represión”, indicó Núñez.
Según el experto, el régimen pretende homologar leyes con legislación internacional, ocultar más funciones policiales de allanamientos, intervención de comunicaciones y capturas. Además, de inmovilizar opositores en el extranjero acusándolos de delitos internacionalmente perseguidos.
Núñez asegura que muchos de estos ajustes se deben a la presión que ejerce el gobierno de los Estados Unidos y los “esfuerzos” de Ortega-Murillo por demostrar que están avanzando en la lucha antiterrorista.
“Con esto se puede alegar un avance en reformas que homologan a las leyes estadounidenses, así como la inmovilización de los opositores ya que los delitos son internacionalmente perseguidos”, explicó el abogado.
Por su parte, Juan Diego Barberena, abogado constitucionalista nicaragüense, el objetivo de estos cambios es establecer una nueva definición del terrorismo, pero no del tipo penal ni el delito como tal.
“Dispone que terrorismo es todo aquel acto de infringir temor y zozobra en la población, pero que procura alterar el orden público como requisito para la configuración de terrorismo”, explicó Barberena.
Esto genera discrecionalidad a la hora de aplicar la ley. “Lo que se procura es un control de las organizaciones, entre ellas las anónimas, también a las personas físicas y jurídicas y están obligando a los socios representados a otorgar el poder que los representa”.
Según Barberena, estas acciones pueden generar un limbo en cuanto al control financiero y patrimonial.
Incluso el congelamiento de cuentas bancarias implicaría que las garantías procesales no se cumplen y existiría una violación clara ante el derecho a la defensa.
Marco Aurelio Peña, economista y abogado nicaragüense, asegura que se busca un marco regulatorio más estricto, así como la estabilidad en los sistemas de prevención, investigación, persecución y sanción de las actividades ilícitas.
“Se levanta el sigilo bancario, es decir, las instituciones financieras y entidades bancarias no podrán alegar sigilo o reserva de ningún tipo cuando las autoridades les soliciten la información”, dice Peña.
Nuevamente se evidencian posibles abusos y arbitrariedades al amparo de estas reformas.
“La contraparte de estos aspectos técnicos es que tienden a aumentar los costos de transacción para las personas o entidades que son sujetos de regulación debido a las exigencias de las mismas autoridades”, explicó el economista.
Asimismo los expertos detallan que se podría tratar de un guiño hacia la administración de Donald Trump. Sin embargo, también es una consecuencia del colapso de la seguridad jurídica de Nicaragua tras la reforma constitucional que fue aprobada en enero del 2025.
