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Queens, Estados Unidos. "Está casi muerto el trabajo", resume Nader, obligado a cerrar su tienda de muebles en Corona, uno de los barrios más latinos de Queens, donde la política antiinmigratoria de Donald Trump ha dejado las calles prácticamente vacías por el miedo y la incertidumbre.
“Desde enero de 2025 (...) nadie sale a la calle ni compra muebles porque la gente tiene miedo” a ser detenida y deportada, dice a la AFP este estadounidense de origen palestino que asegura que es “la peor crisis” que ha vivido en los 35 años que lleva en el negocio de los muebles, 9 de ellos en el barrio.
La otrora bulliciosa plaza Corona, epicentro de Queens, uno de los distritos más multiculturales de Nueva York, está casi vacía y los escasos transeúntes caminan rápido.
“A veces pasan hasta tres días sin que haya una sola venta”, dice desolado ante el futuro incierto que se le presenta a sus 57 años.
Su clientela, mayoritariamente guatemalteca, a menudo indocumentados como muchos habitantes de este barrio en el interior de Queens, está amenazada por la política de “deportaciones masivas” anunciada por el presidente republicano.
Casi nadie se arriesga a comprar un colchón, una cama o una cómoda, ante la perspectiva de tener que dejarlo todo atrás en caso de deportación, dice.
Tiendas de ropa, colmados, restaurantes, agencias de envío de remesas y puestos de comida del barrio también se quejan de que el negocio ha caído entre el 40% y el 60% desde principios de año.
En la tienda de teléfonos donde trabaja Javier, las ventas han caído a la mitad. Sus clientes han reducido los planes o se limitan a pagar el mínimo para no perder la línea. La mayoría prefiere esperar antes comprarse un aparato nuevo, dice.
“La gente antes gastaba sin ningún problema. Tengo trabajo, tengo dinero. Ahora salen de trabajar y puede que no regresen a casa”, dice este mexicano de 31 años.
“Está casi muerto el trabajo”, resume Nader, obligado a cerrar su tienda de muebles en Corona, uno de los barrios más latinos de Queens, donde la política antiinmigratoria de Donald Trump ha dejado las calles prácticamente vacías por el miedo y la incertidumbre.
En la tienda de teléfonos donde trabaja Javier, las ventas han caído a la mitad. Sus clientes han reducido los planes o se limitan a pagar el mínimo para no perder la línea. La mayoría prefiere esperar antes comprarse un aparato nuevo, dice.
“La gente antes gastaba sin ningún problema. Tengo trabajo, tengo dinero. Ahora salen de trabajar y puede que no regresen a casa”, dice este mexicano de 31 años.
Aunque a diferencia de los primeros días del gobierno de Trump, apenas se ven por el barrio agentes del ICE, encargados de las detenciones y deportaciones de indocumentados, el miedo sigue presente. Y “va a seguir cuatro años”, predice.
“¿Qué va a pasar si siguen deportando?”, se pregunta. Los pequeños negocios del barrio “viven del mismo latino. Es una economía que se distribuye aquí nada más”.
Según datos del ICE, entre el 20 de enero y el 12 de marzo han sido deportadas 28.319 personas de todo el país.
Los extranjeros en el punto de mira son los que “cometen delitos” y aquellos “que hayan violado las leyes de inmigración” estadounidenses, según las autoridades. Los indocumentados -más de 11 millones en el país-, que han ingresado ilegalmente, entran en esta categoría.
Con el miedo en el cuerpo
Por si acaso, Javier, como muchos conocidos suyos, se ha llevado todos sus ahorros a México.
Al cierre de negocios y los despidos se suma el miedo de empleadores que comenzaron a prescindir de trabajadores sin papeles, adelantándose a eventuales consecuencias.
El ecuatoriano Francisco López, quien trabaja en la construcción, se queja de que ahora cada “quince días” los empleadores cambian de trabajadores. A él le han finiquitado con un cheque sin fondos, dice con una rabia que le empaña los ojos.
La mexicana de 53 años Acelina (nombre ficticio), quien tiene un puesto de comida en la plaza de Corona, también ha sufrido los embates de la política antiinmigratoria actual.
El año pasado sacaba diariamente en torno a “$400-$500”. De eso tiene que pagar transporte, alquiler de su cocina y su carpa, comprar insumos y mantener a sus 4 hijos con nacionalidad estadounidense.
Ahora, hay días que no supera los $140, asegura esta indocumentada llegada hace 32 años a Estados Unidos, quien paga sus impuestos y tiene permiso municipal para su puesto de comida.
“Yo tengo que venir a trabajar aunque sea con miedo”, dice esta mujer que trata de tranquilizar a sus hijos más pequeños que temen que pueda ser deportada.
Contempla otorgar a su hija mayor, de 21 años, un poder para que se haga cargo de sus hermanos por si le pasara algo.
“Ustedes son estadounidenses, pueden ir a verme a México”, les dice para tranquilizarlos.
“Si el Señor Trump dijera: ‘Nadie va a tocar a esta gente que no tiene papeles’” la situación mejoraría. “En vez de eso, dice que quiere echar todavía a más”, lamenta Nader.
