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Una persona murió y cuatro resultaron heridas en un motín ocurrido en la cárcel de Guayaquil, Ecuador. Se trata del mismo centro penitenciario del que se fugó, meses atrás, el temido capo criminal Adolfo Macías, alias Fito. Lyonel Calderón, viceministro de Seguridad de Ecuador, confirmó al canal Teleamazonas, la cantidad de víctimas. Sin embargo, no precisó si entre los heridos hay oficiales de policía.
“Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario”, comentó el viceministro. Agregó que se debe realizar “un control de armas, municiones y explosivos” y un balance de los resultados del operativo. También insistió en que el conflicto en el centro penal ya fue controlado.
En enero del presente año, el escape de alias Fito de la cárcel en Guayaquil provocó una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril. Además, tuvo que militarizar las cárceles y las calles.
“Intentos desestabilizadores”
Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior del complejo penitenciario. Los enfrentamientos de ese tipo, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.
Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta el presidente Daniel Noboa desde que asumió el poder, en noviembre de 2023.
Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.
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El viceministro de Seguridad sostuvo que los incidentes “son intentos desestabilizadores del Estado de Derecho y de la democracia, porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad”.
