
Mineápolis, Estados Unidos. Algunos agentes federales de inmigración abandonarán la ciudad de Mineápolis a partir de este martes, anunció el alcalde Jacob Frey, en medio de una creciente presión política y social tras la muerte de dos manifestantes durante protestas contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
El alcalde informó en la red social X que “algunos agentes federales” dejarán la ciudad, aunque no precisó cuántos ni a qué agencias pertenecen.
Aseguró además que continuará presionando para que el resto de los efectivos involucrados en la operación migratoria también se retiren.
“Seguiré presionando para que se vayan todos los involucrados en esta operación”, escribió Frey, quien confirmó haber conversado telefónicamente con Trump el lunes. Según el alcalde, el mandatario coincidió en que “la situación actual no puede continuar”.
El anuncio se produjo después de que Trump moderara su discurso frente a la indignación nacional generada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis en menos de tres semanas, ambos durante manifestaciones contra las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump afirmó que no desea que haya personas “heridas o muertas” durante las protestas, aunque reiteró su llamado a poner fin a lo que calificó como “resistencia y caos”.
También confirmó que sostuvo conversaciones con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y con el alcalde Frey, a quienes describió como interlocutores “en la misma longitud de onda”.
El presidente anunció además el envío a Minesota de Tom Homan, su llamado “zar” de la lucha contra la inmigración ilegal, para que le informe directamente sobre la situación en el terreno.
Dos muertes y creciente presión política
La tensión se intensificó tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue abatido a quemarropa el sábado por agentes migratorios mientras participaba en una protesta en Mineápolis.
Días antes, el 7 de enero, otra manifestante, Renee Good, también ciudadana estadounidense, murió por disparos de un agente federal en circunstancias similares.
La Casa Blanca reaccionó con rapidez luego de que un video del caso Pretti se volviera viral.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, expresó su pesar por el fallecimiento, aunque altos funcionarios del gobierno habían calificado previamente a Pretti como un “terrorista nacional”.
Las imágenes analizadas muestran a Pretti grabando con su teléfono a hombres armados con chalecos que decían “policía”.
Tras intervenir cuando un agente empuja a una manifestante, es rociado con gas lacrimógeno, derribado y rodeado por varios agentes.
Mientras uno de ellos parece retirarle un arma de la cintura —para la cual, según autoridades locales, tenía permiso— se produce un disparo, seguido de múltiples detonaciones.
Los padres del enfermero acusaron a la administración Trump de difundir “mentiras repugnantes” sobre su hijo.
Rupturas incluso en el Partido Republicano
El impacto político de los hechos ha trascendido las filas demócratas. Chris Madel, abogado del agente implicado en uno de los casos y aspirante republicano a la gobernación de Minesota, anunció que renuncia a competir en las primarias de su partido.
“No puedo apoyar represalias lanzadas por los republicanos a escala nacional contra los ciudadanos de nuestro estado”, afirmó Madel, quien se desmarcó de la estrategia federal.
Medios estadounidenses informaron además que una jueza federal se comprometió a resolver con rapidez la solicitud del fiscal general de Minesota para suspender la operación antimigratoria en el estado.
En paralelo, congresistas demócratas amenazan con bloquear el financiamiento del gobierno si no se impulsa una reforma de las agencias migratorias federales.
Mientras tanto, en Mineápolis continúan los homenajes a Pretti en memoriales improvisados.
“Es aterrador y profundamente despreciable que se pueda ejecutar a alguien a sangre fría en la calle y luego mentir sobre lo ocurrido”, dijo a la AFP Stephen McLaughlin, un jubilado de 68 años.
La salida parcial de agentes federales marca el primer repliegue oficial tras semanas de tensión, aunque las autoridades locales insisten en que el conflicto está lejos de resolverse.
