La medida convirtió a Carolina del Norte en parte de un grupo de estados controlados por republicanos que buscan utilizar agencias de salud pública como herramientas de control migratorio. De acuerdo con KFF Health News, leyes similares también fueron aprobadas en Indiana, Louisiana, Montana y Wyoming.
En esos estados, el Partido Republicano controla la gobernación y ambas cámaras legislativas estatales. La investigadora de políticas sanitarias de Harvard Law School, Carmel Shachar, indicó a KFF Health News que el tema se volvió una prioridad política dentro del oficialismo conservador.
Temor por uso de datos médicos en procesos migratorios
Organizaciones defensoras de inmigrantes expresaron preocupación por el posible uso de información médica y administrativa para identificar personas que podrían enfrentar procesos de deportación.
CBS News señaló que la administración Trump impulsó directrices que permiten utilizar datos de Medicaid para localizar personas sujetas a procedimientos migratorios. Las nuevas leyes estatales amplían ese mecanismo al convertir oficinas de salud estatales en colaboradoras activas de autoridades migratorias.
En Tennessee, un proyecto de ley pendiente de firma obligaría no solo a agencias sanitarias, sino también a todas las dependencias estatales, a reportar personas sospechosas de permanecer en Estados Unidos sin autorización legal.
La abogada migratoria Yesenia Polanco-Galdamez advirtió a KFF Health News que estas medidas aumentan el temor entre familias inmigrantes. La especialista señaló que muchas personas podrían cuestionarse si buscar atención médica o inscribir a sus hijos en programas públicos podría exponerlas a consecuencias migratorias.
Florida y Texas ya aplicaron medidas similares
Florida aprobó en 2023 una ley que obliga a hospitales a preguntar a pacientes sobre su estatus migratorio. Un estudio de 2024 elaborado por University of South Florida concluyó que la legislación provocó miedo entre inmigrantes, separaciones familiares y efectos psicológicos negativos. Además, redujo visitas médicas entre esa población.
Posteriormente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva similar.
Mientras tanto, 21 estados gobernados por demócratas se sumaron a una demanda presentada en California para impedir que el DHS utilice datos de Medicaid con fines migratorios. Un juez federal autorizó compartir identidades de beneficiarios, aunque prohibió divulgar información médica específica. El litigio continúa abierto.
Inmigrantes con acceso legal a Medicaid también quedan bajo presión
Uno de los aspectos que genera mayor inquietud es que muchas personas alcanzadas por estas medidas sí tienen derecho legal a recibir cobertura médica pública. Más de 75 millones de personas están inscritas actualmente en Medicaid y en el programa Children’s Health Insurance Program (CHIP), dirigido a menores de 19 años y familias de bajos ingresos.
Las leyes federales ya prohíben que inmigrantes sin estatus legal reciban beneficios completos de Medicaid. Sin embargo, distintos grupos de no ciudadanos sí califican para cobertura pública, entre ellos:
- Titulares de green card
- Refugiados
- Asilados
- Personas con permisos humanitarios
- Algunos inmigrantes en proceso de regularización
Además, KFF Health News indicó que uno de cada cuatro niños en Estados Unidos vive en una familia inmigrante, aunque la mayoría de esos menores son ciudadanos estadounidenses.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
