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Kinshasa, RD Congo. Quince migrantes latinoamericanos expulsados de Estados Unidos llevan cinco días retenidos en un hotel de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, a la espera de un destino incierto a miles de kilómetros de sus hogares.
“No quería ir al Congo. Tengo miedo, no conozco el idioma”, afirma Gabriela, una colombiana de 30 años que forma parte del grupo de solicitantes de asilo rechazados por Estados Unidos y que llegaron tras 27 horas de vuelo, esposados de manos y pies.
Solo conocieron su destino pocos días antes de su expulsión: un país del centro de África, de los más pobres del mundo, a miles de kilómetros del continente americano.
La República Democrática del Congo recibió el viernes pasado por primera vez a migrantes deportados de Estados Unidos.
Pasa a engrosar la lista de países africanos, entre ellos Camerún, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur, que en los últimos meses han aceptado participar en el polémico plan de Washington para enviar a extranjeros indocumentados a terceros países.
Aunque el plan tiene el apoyo financiero y logístico de Estados Unidos, las autoridades de los países de acogida ofrecen muy poca información sobre el destino de los migrantes una vez en su territorio.
Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró a la AFP que cuando llegan les proporcionan visados de corta duración y les ofrecen “retorno voluntario asistido” si lo solicitan.
Desde su llegada a Kinshasa, una megalópolis de más de 17 millones de habitantes, los 15 latinoamericanos viven en un complejo a pocos kilómetros del aeropuerto de llegada.
Duermen en pequeñas casas de paredes blancas, unas junto a otras. Tienen prohibido abandonar el recinto y no se les permiten visitas.
Varios vehículos de la policía y el ejército están estacionados en el aparcamiento exterior, donde a veces se ve a personal de una empresa militar privada que la AFP no pudo identificar.
“Inhumano”
Se pasan el día pegados a sus teléfonos móviles intentando contactar con sus familias.
Ninguno habla francés, el idioma oficial del país, y cada uno dice haber recibido 100 dólares de parte de la OIM.
“Varios de nuestros amigos han enfermado, al igual que yo”, dice Gabriela. “Hemos tenido fiebre, vómitos y problemas de estómago. Pero nos dicen que es normal y que debemos adaptarnos”.
A algunos les han dado medicamentos, pero Gabriela asegura que ningún trabajador sanitario vino a examinarlos.
Cuatro residentes del hotel dijeron a la AFP que se les había expedido un visado de siete días, prorrogable por tres meses. Sin embargo, aseguran que una vez transcurridos los siete días les amenazaron con retirarles el apoyo y “dejarlos a su suerte”.
“Nos tienen acorralados porque nos dicen: ‘si no aceptan el programa de repatriación, os quedaréis atrapados en este lío en el Congo’”, dice Gabriela, visiblemente alterada. “Es inhumano e injusto”, lamenta.
Desde dentro del hotel se oye el ruidoso caos de la capital congoleña. Un flujo constante de minibuses y coches tocan el claxon en una carretera llena de baches, rodeada de edificios ruinosos.
La mayoría de los habitantes de la sobrepoblada capital carecen de un acceso fiable tanto al agua corriente como a la electricidad. Y casi tres cuartas partes de los congoleños viven por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial.
“Me dan tres comidas al día, el personal del hotel limpia las habitaciones y estamos bien protegidos”, cuenta Hugo Palencia Ropero, un colombiano de 25 años que afirma haber pasado cinco meses detenido en Estados Unidos antes de ser deportado.
Pero está muy preocupado por su futuro.
“Tengo más miedo de estar aquí en África que en Colombia (...) Si pasan los siete días y no recibimos más ayuda, las cosas se pondrán muy difíciles para nosotros, sobre todo porque no tenemos permisos de trabajo”.
Por eso dice estar dispuesto a aceptar “cualquier documento de viaje” con tal de “poder salir de este país”.
