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Madrid. Los maquinistas de trenes en España iniciaron este lunes una huelga ferroviaria de tres días en protesta por el deterioro de la infraestructura y la falta de fondos del sistema, factores que los sindicatos atribuyen a dos accidentes ocurridos a mediados de enero que dejaron un saldo de 47 personas fallecidas.
Como establece la normativa española en este tipo de conflictos, las autoridades fijaron servicios mínimos obligatorios: hasta un 75% de los trenes de corta distancia en horas pico y un 50% el resto del día.
Aun así, la jornada comenzó con complicaciones, especialmente en la estación de Atocha, en Madrid, donde entre las 7 a. m. y las 8 a. m. se registraron retrasos, cancelaciones y una fuerte afluencia de pasajeros.
Miles de personas que intentaban desplazarse hacia los suburbios o ingresar a la capital se encontraron con demoras y falta de información. La acumulación de viajeros obligó a las autoridades a regular el acceso a los andenes para evitar situaciones de riesgo.
Durante la mañana, piquetes del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) repartieron panfletos en los que pedían “comprensión y apoyo” a los usuarios.
En el documento, el gremio sostuvo que “los accidentes recientes no son hechos aislados”, sino la consecuencia de decisiones que, según denuncian, priorizan recortes presupuestarios y la fragmentación del servicio por encima de un ferrocarril público, seguro y bien gestionado.
Las reacciones entre los pasajeros fueron diversas. Mari Carmen González, una usuaria de 58 años que intentaba viajar de Madrid a Aranjuez, lamentó no haber podido abordar su tren.
“No se han respetado los servicios mínimos, me parece vergonzoso”, afirmó. En contraste, Victoria Bulgier, una profesora estadounidense residente en España, dijo comprender las razones del paro.
“Entiendo completamente las razones de la huelga. No deberían trabajar en condiciones que les ponen en peligro”, señaló.
El impacto del paro también se sintió en otras ciudades.
En Barcelona, la estación de Sants presentaba una afluencia menor a la habitual para un día laborable, con anuncios de trenes suprimidos y retrasos visibles en las pantallas informativas.
La desconfianza de los usuarios se ha acentuado en las últimas semanas, tras una seguidilla de cancelaciones e interrupciones del servicio.
El conflicto tiene como telón de fondo dos accidentes graves.
El 18 de enero, dos trenes de alta velocidad colisionaron a la altura de Adamuz, en Andalucía, cuando uno de ellos volcó sobre la vía contigua.
El siniestro dejó 46 personas fallecidas, incluido uno de los maquinistas.
Dos días después, en Gelida, Cataluña, un descarrilamiento provocado por el derrumbe de un talud causó la muerte de otro conductor y heridas a varios pasajeros, además de la suspensión del servicio durante varios días en una región donde unas 400.000 personas dependen a diario del tren.
Estos hechos reavivaron los cuestionamientos sobre el estado de la red ferroviaria española y profundizaron el malestar entre los trabajadores, quienes aseguran que sus advertencias sobre el deterioro de las vías y las condiciones de seguridad no han sido atendidas por las autoridades.
