La cuenca amazónica, los glaciares andinos, los páramos suramericanos, las islas tropicales y los grandes ríos de América Latina y el Caribe han alimentado durante años la ilusión de que esta región es uno de los lugares más privilegiados del mundo en materia de seguridad hídrica. Sin embargo, cuando se mira de cerca, su realidad es distinta.
Una investigación desarrollada por los medios de comunicación del Grupo de Diarios América (GDA) —que reúne a 12 periódicos y casas editoriales relevantes y de mayor alcance en la región— muestra que para Latinoamérica el agua es una paradoja.
En medio de una vasta riqueza natural, los países enfrentan crisis crecientes de escasez, desigualdad en el acceso, contaminación, mala gestión y vulnerabilidad frente al cambio climático.
El problema es evidente. América Latina y el Caribe concentran enormes reservas de agua, pero millones de personas no las reciben en sus hogares.
La contradicción se repite con diferentes matices y causas: desde la infraestructura colapsada en Venezuela, la sobreexplotación de acuíferos en México y la crisis de potabilización en Uruguay hasta la pérdida acelerada de glaciares en Perú.
El panorama deja una advertencia hacia el futuro: contar con ríos caudalosos o montañas cargadas de agua no garantiza la seguridad hídrica para las próximas generaciones, un asunto que se contrapone con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030.
Brasil
Brasil, el país más grande, poblado y biodiverso de la región, concentra algunos de los mayores caudales de agua dulce del planeta. Un completo paraíso. No obstante, en los últimos años se ha convertido en un ejemplo claro de los efectos de la crisis climática en el continente.
Según datos de O Globo, las estaciones secas en la Amazonia y el Pantanal —el humedal tropical más grande del mundo— son cada vez más prolongadas, mientras que los periodos de lluvia se acortan y se intensifican: se han vuelto más violentos y concentrados.
La sequía de 2024 en la Amazonia golpeó al 70% de los municipios de la región: 79 enfrentaron sequía severa y 69 sequía excepcional, la categoría más grave.
La sequía y el calor provocaron incendios forestales históricos que, el año pasado, arrasaron más de 30 millones de hectáreas —un área mayor que Italia— y aumentaron la contaminación del aire en ciudades enteras.
La deforestación, el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias han puesto en riesgo uno de los mayores tesoros de Brasil: sus inmensos ríos, vitales para su futuro.
Colombia
Más al norte, Colombia, no obstante ser uno de los países más lluviosos del planeta, con seis veces más agua que el promedio mundial, lleva años atravesando sequías y dificultades en el acceso en muchos de sus territorios.
El más reciente ‘Estudio nacional del agua’ revela que casi una quinta parte de sus municipios es vulnerable al desabastecimiento.
Uno de los casos más recientes fue el de Bogotá: la capital vivió durante un año un racionamiento sin precedentes del servicio de agua potable porque los embalses que la surten desde la Orinoquia estaban en niveles históricos bajos.
La paradoja es que el agua que cae en los páramos —Colombia es el país con más ecosistemas de este tipo en el mundo— y selvas no llega de forma adecuada a las ciudades por deforestación, contaminación y falta de infraestructura en algunas zonas.
Expertos como Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Ambiente colombiano y experto en política ambiental, y Patricia Bejarano, científica y directora de Paisajes Sostenibles de Alta Montaña de Conservación Internacional, coinciden en que la solución pasa por proteger los páramos y bosques, entender que “el agua no viene del tubo, viene de los ecosistemas” y combinar soluciones basadas en la naturaleza con nuevas infraestructuras.
Diego Restrepo Zambrano, experto en ciencias del agua, agrega un punto: “Es urgente incluir al cambio climático en las políticas públicas”.
Uruguay
En el 2023, otra capital latinoamericana padeció una situación semejante. Según reseña El País, aunque Uruguay parecía inmune a la escasez, por estar rodeado de ríos y con grandes acuíferos subterráneos, Montevideo y su área metropolitana vivieron la peor crisis hídrica de su historia: el agua de la llave salió salada por la falta de lluvias y la necesidad de extraer del Río de la Plata, al que llegan corrientes del Atlántico que lo convierten en estuario.
El embalse Paso Severino, que alimenta a la planta de Aguas Corrientes —la principal del país que abastece a más de 1,7 millones de habitantes—, se vació a niveles críticos.
Los supermercados, durante ese año, racionaron la venta de botellas. Los filtros hogareños no servían para quitar el exceso de sodio. Y mientras tanto, el 50% del agua potabilizada se perdía en cañerías deterioradas.
Para Marcel Achkar, geógrafo uruguayo, la crisis fue un fracaso de gestión más que de una escasez real.
Hoy el debate está en torno a nuevas infraestructuras, desde una represa en Casupá, dos horas al norte de Montevideo, hasta una planta potabilizadora en el Río de la Plata, que puedan ofrecer una mayor seguridad ante un escenario que sin duda no es prometedor hacia el futuro.
Argentina
Más al sur, en Argentina, las sequías severas han afectado al sector productivo.
El 2022 fue uno de los años más secos desde 1961: más de la mitad del territorio nacional estuvo bajo algún grado de sequía, con enormes pérdidas económicas y financieras.
La problemática se complejiza con el acceso al agua potable. Víctor Pochat, presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, advierte que alrededor del 20% de la población no tiene acceso a agua segura.
La situación hídrica también está marcada por profundas desigualdades regionales, según informa La Nación. Mientras que la provincia de Buenos Aires y la región del Litoral cuentan con abundante agua —aunque frecuentemente contaminada por desechos urbanos, agropecuarios e industriales—, dos tercios del territorio nacional son áridos o semiáridos.
Además, el cambio climático ha intensificado los fenómenos extremos: lluvias hasta un 30% más intensas causan inundaciones recurrentes.
Venezuela
En la otrora próspera Venezuela, la crisis del agua refleja la magnitud del deterioro generalizado de los servicios públicos, según datos de El Nacional.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 77% de la población tiene acceso limitado al agua y el 11% carece por completo del servicio. En la última década, la cantidad de agua distribuida se redujo en más del 60%, mientras que el funcionamiento de los sistemas de bombeo y tratamiento cayó un 90%.
En ese sentido, la calidad del agua para los venezolanos también está comprometida. El colapso ha derivado en protestas constantes.
En Caracas, apenas dos de cada diez surtidores públicos funcionan y los bomberos carecen de suministro para atender incendios. Los hogares en esa ciudad deben destinar entre $30 y $50 al mes en camiones cisterna, un gasto desproporcionado en medio de la crisis económica.
Perú
En Perú, la abundancia de ríos amazónicos contrasta con la realidad cotidiana de 3,3 millones de personas que carecen de agua potable.
Un informe de El Comercio retrata escenas dramáticas: familias que deben caminar largas distancias para abastecerse de cisternas, depósitos improvisados que se convierten en focos de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue o comunidades indígenas que dependen del agua de lluvia o de ríos contaminados.
La desigualdad territorial es profunda. Mientras la selva tiene agua en abundancia, carece de infraestructura; en cambio, regiones áridas como Ica dependen de acuíferos sobreexplotados que corren el riesgo de agotarse en pocos años.
Expertos como Alberto Cairampoma y Roy Cóndor, consultados por El Comercio, coinciden en que la crisis es estructural: la débil gobernanza, la alta rotación de funcionarios encargados de solucionar estas problemáticas, los proyectos paralizados y la falta de planificación mantienen al país en un escenario cada vez más negativo en términos de seguridad hídrica.
Costa Rica
Si se mira hacia Centroamérica, esta problemática tiene varias aristas. Costa Rica presume una cobertura del 93% en agua potable, pero la cifra esconde desigualdades.
En algunos cantones —la división administrativa de segundo nivel del país—, la cobertura no llega al 60%. Según datos de La Nación, la sequía de 2023 redujo más del 80% de las fuentes superficiales, de las cuales depende la mitad del consumo nacional.
Las pérdidas por fugas y conexiones ilegales superan el 50% del territorio costarricense. En la Gran Área Metropolitana, el déficit hídrico ronda el 20%, mientras que, en Guanacaste, la presión por el turismo y la agroindustria agudiza la sobreexplotación.
En el Caribe sur del país, además, la contaminación por aguas residuales sin tratamiento afecta la calidad del recurso.
Para John Diego Bolaños, investigador de la Universidad de Costa Rica, el país enfrenta problemas de gestión y planificación.
“Aunque llueva mucho, las sequías son cada vez más prolongadas y la infraestructura no alcanza. El agua se distribuye de forma inequitativa, privilegiando al turismo o a quienes tienen más recursos”, explica.
Cabe anotar que solo el 15% de la población tiene infraestructura que permita el tratamiento de sus aguas residuales, una deuda estructural que compromete la sostenibilidad del país.
El Salvador
En El Salvador, la situación no es muy diferente. El 27,9% de los habitantes no reciben agua a través de sus cañerías, según reseña La Prensa Gráfica.
Ambientalistas como Adela Bonilla y Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, puntualizan que el servicio es precario y se distribuye de forma racionada incluso donde existe.
A esto se suma una infraestructura en crisis: la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) reconoce que en San Salvador se pierde el 50% del agua por fugas en tuberías obsoletas, lo que agrava la escasez y refleja décadas de falta de inversión pública en el sector.
La contaminación del agua representa otro eje crítico en este país. Luis González, de la oenegé Unidad Ecológica Salvadoreña, alerta que los cuerpos de agua del país están contaminados con heces fecales, metales pesados y agroquímicos, lo que causa que el 95% de las aguas superficiales sean inseguras para el consumo humano.
Además, existe una distribución inequitativa, según los expertos consultados, pues sectores industriales acaparan la mayor parte del recurso, mientras comunidades empobrecidas carecen de acceso regular.
República Dominicana
Y en el Caribe hay casos como el de República Dominicana, que, aunque cuenta con seis grandes regiones hidrográficas y una red de presas y acueductos, tiene serias desigualdades. En 2024, si bien la producción de agua potable alcanzó los 51 millones de metros cúbicos en 2024, su distribución refleja fuertes disparidades territoriales.
Un informe de Listín Diario señala que la nación insular padece de una sequía estacional agravada por el cambio climático, lo que ha reducido las precipitaciones de manera significativa. Para muchos de sus habitantes, la situación es crítica: el 78% de la población se abastece de la red pública, pero sólo el 26% recibe servicio continuo las 24 horas.
El Gobierno dominicano impulsa el ‘Pacto por el Agua 2021-2036’, que busca invertir $8.500 millones en 15 años para mejorar la infraestructura hídrica. Sin embargo, el país arrastra décadas de vacíos legales e institucionales: 18 instituciones intervienen en la gestión del agua sin una autoridad unificada, lo que genera duplicidad y falta de coordinación.
Puerto Rico
Rodeado del Caribe azul, Puerto Rico enfrenta una creciente inseguridad hídrica que ha empeorado por los recientes desastres naturales que han azotado a este pequeño territorio insular.
Datos investigados por El Nuevo Día revelan que los patrones de lluvia cambiarán de forma drástica en el futuro, pues se proyecta un 20% menos de precipitaciones en los próximos 25 años. Las sequías, que antes ocurrían cada dos décadas, ahora se presentan cada cinco años.
A esto se suma la sedimentación de los embalses —agravada por el huracán María en 2017—, la intrusión salina por el aumento del nivel del mar y una alarmante pérdida de agua: la Autoridad de Acueductos ha perdido el 66% del agua que produce en fugas, roturas o conexiones ilegales.
México
Y en México, la crisis por el agua se ha convertido en una enfermedad que empeora con los años. En el primer semestre de 2025, pese a una leve tregua de lluvias que elevó el nivel de las represas, en más del 40% del territorio prevalecía la sequía.
En la Ciudad de México, el fantasma del “día cero” —cuando se prevé que la capital se quede sin agua suficiente— es cada vez más real.
La escasez también genera fenómenos de ilegalidad. Aunque el Gobierno lanzó programas de tecnificación y tratamiento, las proyecciones señalan que para 2030 la disponibilidad promedio anual de agua caerá por debajo de los 3.000 metros cúbicos por persona, tres veces menos que en 1960.
Una paradoja con solución
El balance regional es contundente. América Latina y el Caribe no tienen un problema de carencia absoluta de agua, sino de mala gestión, desigualdad, degradación ambiental y vulnerabilidad al cambio climático.
Y aunque la región esté encerrada en una paradoja, esta problemática no es una fatalidad inevitable. Este balance del GDA muestra que, en la mayoría de los casos, la crisis responde a una combinación de cambio climático y mala gestión, un binomio que puede mitigarse con planificación, inversión y protección de ecosistemas.
(*) Este reportaje se realizó con aportes de El Nuevo Día, de Puerto Rico; Listín Diario, de República Dominicana; La Nación, de Costa Rica; Diario O Globo, de Brasil; El Tiempo, de Colombia; La Nación, de Argentina; El País, de Uruguay; La Prensa Gráfica, de El Salvador; El Nacional, de Venezuela; El Comercio, de Perú, y El Universal. de México. Grupo Diarios de América (GDA).