Han pasado casi 14 meses desde que estalló la violencia en Nicaragua. Los asesinatos por parte de paramilitares y policías parece que cesaron, pero persisten las denuncias de secuestros, hostigamiento y malos tratos en las cárceles para los presos políticos mientras el diálogo entre gobierno y la oposición se encuentra estancado.
Antonia Urrejola, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, afirma que pese a que no se han vuelto a reportar asesinatos desde setiembre pasado, la situación en el país gobernado por Daniel Ortega sigue siendo “muy preocupante”.
La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acogió una solicitud de la CIDH para adoptar medidas urgentes en favor de al menos 17 personas detenidas como parte de las protestas que desde hace más de un año reclaman la salida de Ortega, entre quienes se encuentra la periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda Ubau.
La abogada chilena, de 51 años, describe un ambiente de intimidación en el país vecino e intenta seguirle el pulso a la crisis a distancia, pues desde diciembre el gobierno ordenó la expulsión de la Comisión por documentar las violaciones a los derechos humanos.
– La última fase documentada de la crisis en Nicaragua fue la de allanamientos a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales a finales del año pasado. ¿En cuál etapa está actualmente el conflicto? ¿Tienen nuevos hallazgos?
- Ahora hay denuncias sobre secuestros, personas detenidas y se siguen prohibiendo manifestaciones. Hay llamados a marchas que son prohibidas por la autoridad policial y cualquier intento de manifestación en el espacio público es reprimido. Por eso mismo, los llamados a las protestas se disiparon y se empezaron a hacer manifestaciones cortas en espacios pequeños.
"Después de las fases se cerró absolutamente cualquier posibilidad de disenso público, pero nosotros continuamos recibiendo denuncias de secuestros y detenciones arbitrarias. Aunque desde setiembre pasado no hubo más muertes, sí continúa la situación de represión.
“Además, hay una falta de transparencia sobre la situación de salud de los presos de La Modelo. Hemos tenido ciertas denuncias de que muchos de ellos están heridos, pero no tenemos la información clara y el gobierno no la ha dado”.
– ¿Considera que es legítima la mesa de diálogo actual entre el gobierno y los opositores pese a que la represión continúa?
- Hemos insistido en una salida dialogada, pero el diálogo sin dudas tiene que ser de buena fe. Lo que vimos en las últimas semanas es que mientras se establecía una voluntad de buscar un diálogo y de establecer espacios de democratización, en paralelo a eso se seguían prohibiendo las manifestaciones, se seguía deteniendo a la gente, seguíamos recibiendo denuncias de malos tratos, se seguía sin liberar a los presos políticos. Efectivamente, entre el discurso y el actuar cotidiano hay una contradicción.
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– ¿En qué condiciones se encuentran las personas que estaban detenidas por participar en manifestaciones y que salieron de prisión?
- El gobierno ha hecho tres excarcelaciones desde marzo y efectivamente el tema de la falta de transparencia es algo sobre lo que hemos insistido. Nuestra preocupación más allá del tema sustantivo, es decir, si efectivamente tienen acceso a un debido proceso o si existe independencia judicial, es bajo qué condiciones hoy día ellos han sido liberados. En primer lugar, si hay una transparencia en esa información y en segundo lugar, es la garantía de la integridad personal de las personas mientras estén libres, porque muchas de ellas están siendo amenazadas y hostigadas en sus barrios.
“El foco de la represión no ha sido solo mediante agentes policiales, sino también estas personas que están organizados en los barrios y que también se dedican a amenazar y a hostigar a los opositores. Los presos políticos liberados también son objeto de estas amenazas y el Estado debería dar garantía de protección a estas personas”.
– ¿Conoce en qué situación se encuentran las personas detenidas para las que la Corte IDH solicitó las medidas cautelares?
- Estimamos que un conjunto de los presos, entre los cuales se encuentra Lucía Pineda, ya no solo están en condición de gravedad, sino de extrema gravedad y ante el incumplimiento, a nuestro juicio, por parte del Estado de la medida cautelar y esta situación de riesgo extremo, decidimos pedir la medida provisional a la Corte Interamericana.
"Tenemos denuncias de que la posibilidad de visitas de su abogado y sus familiares no son frecuentes y sobre la alimentación que reciben. En el caso de la cárcel La Modelo, hemos recibido denuncias reiteradas de que la comida tiene vidrio molido, tenemos denuncias de que no tienen acceso a aire en espacios abiertos ni salida al sol, de que muchos de ellos están en celdas de aislamiento, es decir, en una situación de extrema urgencia.
“Por lo tanto, nos parece muy positivo que la Corte acogiera nuestra solicitud de medida provisional y esperemos que el Estado de Nicaragua acceda a la solicitud que se hace de poder ir a visitar a estos presos beneficiarios de la medida”.
– El gobierno nicaragüense expulsó a la delegación de la CIDH en diciembre por documentar las violaciones a los derechos humanos. Desde entonces, ¿cómo realizan la labor de monitoreo?
- Tenemos una relación permanente y directa con las organizaciones de la sociedad civil, los familiares de víctimas, las propias víctimas también, y bueno, mediante los medios de comunicación, que son muy importantes para nosotros. También otros organismos y con el Alto Comisionado (para los Derechos Humanos de la ONU) estamos en permanente colaboración. Es decir, buscamos todas las fuentes de información.
"De manera permanente estamos pidiéndole información al Estado de Nicaragua, pero el gobierno cada cierto tiempo se dedica a deslegitimar nuestra información y nuestro trabajo, y establece que mentimos. El Estado muy rara vez nos responde en materia, por ejemplo, de los números de presos, sobre quienes están siendo procesados de diferentes maneras por distintos delitos. Nuestro objetivo no es competir con las cifras, sino poder establecer cuál es la realidad de la relación a los derechos humanos y poder resolver la situación de las víctimas.
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“Es una situación muy compleja y lamentable, porque claro es bien fácil hacer comunicados señalando que la Comisión miente y manipula, pero cuando la Comisión pide la información no se colabora. Es bien fácil de esa manera”.
– ¿Han hecho alguna petición para regresar al trabajo de campo?
- De manera reiterada hemos señalado nuestra imposición de volver al territorio nicaragüense a seguir realizando nuestra labor. Tenemos un mandato de monitorear Nicaragua y vamos a seguir haciéndolo estando ahí físicamente o sin estar ahí físicamente.
Hoy, a #1AñoMarchaDeLasMadres en #Nicaragua, la #CIDH expresa su solidaridad y reconocimiento a las @MadresDeAbril y a todos los familiares de las víctimas por la pérdida de sus seres queridos, su lucha incansable y sus legítimas demandas. (1/8) pic.twitter.com/SMAFxQP6U4
— CIDH - IACHR (@CIDH) May 30, 2019
– ¿Temen que los casos de violación a los derechos humanos en Nicaragua queden impunes?
- El Estado de Nicaragua de manera soberana ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece un conjunto de obligaciones. Por lo tanto, si el Estado de Nicaragua no cumple con estas medidas provisionales que la Corte IDH ha decretado, estaría en desacato y sería objeto de responsabilidad internacional.
“Creo que hay distintos mecanismos para hacer a los Estados responsables internacionalmente. La experiencia mía es que cuando uno mira un poco cómo ha sido el comportamiento de otros Estados en situaciones de crisis de derechos humanos, tarde o temprano es que los Estados terminan respondiendo sobre las violaciones a los derechos humanos. A veces demoran y entiendo cuando la gente quiere que la Justicia llegue inmediatamente; lamentablemente a veces eso no es así, pero tarde o temprano los Estados se hacen responsables de las violaciones a los derechos humanos”.
– Cuando se señalan tantas faltas en los procesos judiciales de los detenidos, ¿cómo se va a garantizar la reparación de estas personas?
- Anteriormente se hicieron varias recomendaciones, dentro de las cuales está la creación de una fiscalía especializada, porque una de las deficiencias que nosotros vimos en la visita de trabajo el año pasado es la falta de independencia no solo del Poder Judicial, sino también de los órganos auxiliares.
"Por ello, la creación de una fiscalía independiente especializada que investigue todos los hechos de violencia será fundamental en cualquier transición y creemos que esa será la salida que va a tener Nicaragua el día de mañana para poder hacer justicia.
“Cuando me refiero a hacer justicia me refiero a quienes hoy están siendo procesados y han sido condenados de manera injusta, que han sido acusados por hechos de violencia que no han cometido, como también hacer justicia por los 325 personas asesinadas y no me refiero solo a los estudiantes, jóvenes y niños, sino también a los policías que han sido asesinados”.