EscucharManagua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió este martes medidas cautelares a siete opositoras presas en Nicaragua, que son acusadas de “terrorismo” por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, y que fueron víctimas de una golpiza en la cárcel.
“La CIDH otorgó medidas cautelares a un grupo de mujeres privadas de su libertad”, que el 26 de octubre pasado “habrían sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas, insultos y amenazas por parte de agentes penitenciarios”, informó el organismo en una resolución publicada en su cuenta Twitter.
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Policías nicaragüenses trasladaron a un vehículo a una mujer quien detuvieron el domingo 14 de octubre del 2018 en Managua. Foto: AFP (AFP)
En la resolución, la CIDH solicita al “Estado de Nicaragua que adopte medidas necesarias para garantizar la vida e integridad” de las siete presas y sus núcleos familiares y que las condiciones de detención se adecuen a los estándares intencionales.
Las prisioneras están recluidas en el centro penitenciario de mujeres La Esperanza, en las afueras de la capital.
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Hombres armados con palos entraron la noche del 26 de octubre a las celdas de las mujeres y golpearon a 17 manifestantes presas, denunció en su momento la ONG nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La medida cautelar beneficia a sólo siete detenidas que la CIDH considera están en una “situación de gravedad y urgencia”.
Entre las favorecidas está la estudiante y líder de un movimiento estudiantil de protesta, la belga-nicaragüense Amaya Coppens, de 24 años, detenida en septiembre pasado y acusada de terrorismo en base a una nueva ley que criminaliza las protestas.
También figuran las hermanas Tania y Olesia Muñoz de 45 y 47 años respectivamente, originarias del combativo departamento de Masaya; y las presas Solange Centeno, María Peralta, Irlanda Jerez y Nelly Roque.
La CIDH pide además a Nicaragua que permita el acceso de los abogados y familiares de las reas para conocer su situación.
La represión contra las protestas antigubernamentales, que iniciaron en abril, dejó más de 320 muertos y 600 manifestantes detenidos, según grupos humanitarios.
El gobierno por su parte reconoce 198 muertos y 273 detenidos por delitos cometidos durante las protestas, y rechaza que en Nicaragua existan “presos políticos” como denuncia la oposición.
