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Madrid. El gobierno español excluyó este viernes a Madrid y Barcelona del confinamiento relajado del que disfrutará desde el lunes un 70% de la población, con terrazas de bares abiertos y la posibilidad de celebrar reuniones de hasta diez personas.
Más de la mitad de los 47 millones españoles ya se encontraban esta semana en esta fase de desconfinamiento, a la que accederán algunos territorios rezagados como Valencia o Málaga, según anunció este viernes el Ministerio de Sanidad.
Sus dirigentes excluyeron; sin embargo, a las tres regiones más castigadas, Madrid, el área metropolitana de Barcelona y partes de Castilla y León (al norte de la capital), pero relajaron muy ligeramente las medidas que están actualmente en vigor.
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Allí, los pequeños comercios podrán atender a clientes sin que estos pidan cita previa y podrán abrir los lugares de culto, a un tercio de la capacidad habitual.
El director de emergencias sanitarias, el doctor Fernando Simón, justificó esta decisión por las "características particulares" de Madrid y Barcelona, las dos áreas con más densidad de población del país.
Son "lugares con una movilidad de personas muy alta, con unos transportes públicos masivos" y con una evolución de la epidemia que "ha sido mucho más explosiva que en el resto del territorio", indicó Simón, que insinuó que la próxima semana ya podrían avanzar en su desconfinamiento.
De hecho, de los 138 fallecidos registrados en las últimas 24 horas en España, 89 se produjeron en las regiones de Madrid y Cataluña, donde se encuentra Barcelona, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Cuarentena para viajeros internacionales
Con estos 138 decesos, una de las cifras más bajas desde el comienzo de la epidemia, España contabiliza 27.459 defunciones con coronavirus, mientras que los casos diagnosticados superaron los 230.000, lo que hacen de este país uno de los más castigados por la pandemia en el mundo.
Los aumentos diarios de defunciones y contagios se mantuvieron toda la semana por debajo del 1% a pesar de la flexibilización del confinamiento realizado en la mitad del país, destacó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Aun así, "el riesgo de rebrote existe" y en algunos puntos del territorio podría ser "muy importante", advirtió el doctor Simón.
Para minimizar este riesgo y evitar "incongruencias" con los españoles, que tienen prohibidos los viajes interregionales hasta culminar el paulatino confinamiento previsto a finales de junio, los viajeros llegados del extranjero deben guardar desde este viernes una cuarentena de 14 días.
Estas personas solo pueden entrar a España por cinco aeropuertos y ocho puertos habilitados al respecto y, una vez instalados, solo pueden salir a la calle con mascarilla para actividades de primera necesidad.
Unas imágenes difundidas por el gobierno español mostraban cómo en el aeropuerto de Madrid-Barajas se practicaban controles de temperatura a los viajeros y se les hacía rellenar un formulario con su lugar de residencia y un número de contacto para poder ser localizados.
El ministerio de Interior, además, prorrogó hasta el 15 de junio la prohibición de entrada de todo extranjero que no se dirija a su lugar de residencia habitual, a excepción de trabajadores transfronterizos, personal sanitario y diplomático o transportistas.
Polémica por Madrid
El proceso de desconfinamiento ha desencadenado una batalla política entre el gobierno del socialista Pedro Sánchez y la oposición conservadora del Partido Popular, que ostenta el poder local en Madrid y desde la semana pasada reclama avanzar en el desconfinamiento de la región capitalina.
"El gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada (...) Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos", protestó en Twitter la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
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"Aunque la evolución sea muy favorable, sigue siendo una de las comunidades que más casos reportan", argumentó el doctor Simón.
La capital, que este viernes celebraba su fiesta patronal de San Isidro empañada por el coronavirus, ha sido escenario de pequeñas manifestaciones en contra del gobierno, especialmente en el rico barrio de Salamanca.
En el caso de Barcelona, fueron las autoridades regionales quienes prefirieron retrasar la apertura de terrazas de bares y la autorización de reuniones de diez personas.
