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San José. La familia de Manuela, una salvadoreña que murió encarcelada purgando condena de 30 años por un parto extrahospitalario tipificado de homicidio agravado, clamó justicia el jueves, al fin de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que abordó el caso.
"Pido justicia, porque no se vuelva a hacer en otra gente, en otra mujer", exclamó Tomás, padre de Manuela, en un video difundido por la defensa, pero que no alcanzó a ser visto durante el proceso, por falta de tiempo durante la audiencia virtual.
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El material será anexado al legajo del caso que ventila este tribunal supranacional con sede en San José, Costa Rica.
“Cuando a mi hija la capturaron, entonces me hicieron firmar, me hicieron poner la huella (digital) porque yo no puedo leer ni escribir”, rememoró el padre, quien vive en un área rural.
Por su parte, la madre, Anastasia, lamentó que mandó a su hija al hospital a "curación" y se la condenaron a 30 años.
El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como "homicidio agravado", penado con hasta 50 años de prisión.
Manuela no sabía leer ni escribir y vivía en una zona rural con escasos recursos. Sufría un “cáncer linfático” no diagnosticado en un inicio que, según Sara García, de la Colectiva Feminista, le provocó una emergencia obstétrica.
El caso del debate
El 27 de febrero de 2008, tras sufrir un fuerte dolor pélvico y abdominal, Manuela fue a una letrina que se encontraba a unos metros de su casa.
“Manuela sabía de su embarazo, pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó el feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud”, aseguró en un comunicado el Centro de Derechos Reproductivos, una ONG de Estados Unidos.
En agosto del 2008, la mujer fue condenada a 30 años de prisión, y el 30 de abril del 2010, cuando tenía 33 años, murió esposada a una cama en el área de reos del hospital nacional Rosales.
Jesús, de 21 años, hijo mayor de Manuela expresó que fue “doloroso crecer sin madre”.
"Lo que le pido al gobierno es que no hagan esta ingratitud de dejar así como (nos) dejaron a nosotros, abandonados se puede decir, porque crecimos sin ninguna mamá", agregó.
"Lo justo es que se borre todo lo que se habló de ella, lo que escribieron no fue así, lo que hicieron fue una injusticia", exclamó por su parte Tomás, su hijo menor.
La audiencia, que arrancó el miércoles, para determinar si hubo violaciones en el proceso penal que condenó a Manuela, finalizó con los alegatos orales de las partes.
Los abogados de la víctima y del Estado tienen hasta el 12 de abril para agregar sus alegatos finales por escrito. El fallo puede demorar de seis meses a un año.
‘Proceso manipulado’
La dirigente de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Egenésico (ACDATEE), Morena Herrera, desacreditó el proceso penal que en vida “sufrió” Manuela.
“Ha sido un proceso muy manipulado, donde el Estado violó los derechos de Manuela y de su familia (porque) los intimidaron, les presionaron, los amenazaron y obligaron al padre que la incriminara, eso no se vale”, sostuvo Herrera.
Un fallo favorable a Manuela, según Herrera, no solo reivindicaría su memoria, sino que terminaría con la angustia de su padre, que siente que entregó a su hija.
Uno de los abogados defensores de la víctima, Eduard Pérez, lamentó que se acusó a Manuela de homicidio porque "determinaron que el feto había nacido vivo" basados en algunos tecnicismos, sin considerar que ella sufría cáncer.
La representación del Estado, por medio de la abogada Elizabeth Urias, aseguró que el proceso se desarrolló con las "debidas diligencias".
"Se practicaron dos pruebas a los pulmones de Dolores Gabriel (el recién nacido) para comprobar si hubo nacimiento con vida (...) demostrando que el niño nació vivo y respiró", enfatizó.
“Manuela fue condenada por homicidio agravado con apego al debido proceso” y “no fue condenada por una emergencia obstétrica”, fundamentó Urias.
