En un comunicado, el órgano acusador informó de que este miércoles el fiscal nacional, Jorge Abbott, firmó un oficio dirigido al Vaticano, “solicitando expedientes canónicos que involucran a imputados investigados por el Ministerio Público, en casos de abusos sexuales” cometidos por religiosos relacionados con la Iglesia chilena.
La petición engloba tres requerimientos de asistencia internacional en materia penal respecto de nueve personas investigadas por las fiscalías regionales de la ciudad de Valparaíso, Metropolitana Sur (en Santiago) y de La Araucanía, en el sur del país.
El oficio -de carácter de reservado- fue remitido por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a fin de que la Cancillería active el mecanismo de remisión por medio de la vía diplomática al Vaticano, según explicó la Fiscalía.
La base jurídica de la solicitud "se asienta en los principios generales de derecho internacional, en particular en el de reciprocidad", agregó el ministerio público, explicando que, no obstante, la Fiscalía mantendrá "los contactos directos que sean necesarios con las autoridades competentes del Vaticano con el propósito de coordinar una eficaz ejecución de lo solicitado" y que no se descarta "presentar nuevas solicitudes al Vaticano".
Según cifras actualizadas hasta este miércoles por parte de la Fiscalía Nacional, son 38 las investigaciones vigentes sobre delitos sexuales cometidos en contra de menores, adolescentes y adultos por clérigos y laicos relacionados con la Iglesia católica, en los que se contabilizan 73 personas investigadas y 104 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad al momento de cometerse los hechos.
La Justicia investiga a los culpables de los abusos y quienes los encubrieron o han obstaculizado las indagaciones judiciales.
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El lunes, Emiliano Arias, uno de los fiscales que investiga las denuncias, confirmó que hubo destrucción de pruebas por parte de religiosos.
"Eso ya se encuentra en investigación y ahora falta determinar quién destruyó específicamente y en concreto los antecedentes", dijo el fiscal a la prensa.
Desde hace meses, la Iglesia católica chilena se ha visto remecida por una serie de denuncias de abusos sexuales y su encubrimiento. Dos semanas atrás entró en la cárcel el sacerdote Óscar Muñoz, mano derecha del cardenal de Santiago, Ricardo Ezzati, quien declarará como imputado ante el fiscal Arias el próximo 21 de agosto.
Los obispos, en tanto, debatían desde el lunes en una asamblea extraordinaria en la costa central las raíces de la crisis actual y cómo superarla.
"Queremos reflexionar en profundidad sobre los temas que aquejan a la Iglesia, en particular, la crisis en estos días: las causas, las raíces y poder mirar hacia adelante y ver cómo ir superándola", dijo a la prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Fernando Ramos.
Los prelados le presentaron en masa su renuncia al papa Francisco en el Vaticano después de ser citados de manera urgente por el Pontífice para tratar la crisis abierta en la Iglesia.
Francisco hasta ahora aceptó la renuncia de cinco obispos, mientras el resto se encuentra en vilo a la espera de ser ratificados o que el pontífice les acepte finalmente la renuncia.
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Las miradas están puestas especialmente en el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzatti, sobre el cual pesan denuncias de encubrir a varios abusadores.
La tormenta en la Iglesia chilena estalló tras el reciente viaje del papa Francisco a Chile en enero, cuando fue fuertemente cuestionado por haber dado su respaldo al obispo Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales.
Después de esa polémica visita, elPpontífice envió al país dos veces en cuatro meses al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, para escuchar a las víctimas e invitó a algunas de ellas Vaticano.
