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Tegucigalpa. Un tribunal hondureño condenó este lunes a 50 años de cárcel a cuatro hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, mientras que otros tres implicados recibieron penas de 30 años.
Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron sentenciados cada uno a 34 años de prisión por ser los autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el 2 de marzo del 2016.
Los cuatro fueron condenados también a 16 años de prisión por tentativa de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y a quien dejaron baleado creyendo que había muerto.
El mayor del Ejército Mariano Díaz, el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez, y el exjefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, cumplirán 30 años de reclusión, según el fallo.
La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, dijo a la AFP que la defensa tiene 20 días para presentar recurso de "casación", en el que la condena puede ser ratificada o modificada.
El tribunal había declarado culpables el 30 de noviembre del 2018, a Bustillo, Rodríguez y Díaz de haber contratado a los cuatro pistoleros por $4.000 para que mataran a la ambientalista.
Reacciones de Bertha Zúniga afuera de la Corte Suprema después de la sentencia de 7 hombres condenandos por el asesinato de su mamá, Berta Cáceres. #JusticiaParaBerta pic.twitter.com/ZTKc8DOmKX
— Misión Observación Calificada Causa Berta Cáceres (@MisionCaso) December 2, 2019
Cáceres estaba esa noche en su casa en la comunidad occidental de La Esperanza cuando los cuatro sicarios forzaron una puerta para ingresar a la vivienda y matarla a tiros.
En otra habitación estaba Castro, a quien dispararon y huyeron creyendo que había muerto.
Según la sentencia, los ejecutivos de DESA ordenaron el asesinato de Cáceres por organizar manifestaciones para impedir la construcción de una central hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio indígena, en el oeste del país.
Cáceres había denunciado amenazas del personal de DESA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares para su protección.
Por el crimen también está preso desde marzo del 2018 el presidente de DESA, David Castillo.
La familia de Cáceres denunció un atraso en el juicio contra Castillo supuestamente para favorecerlo, y acusan a influyentes banqueros que financiaban el proyecto hidroeléctrico como coautores intelectuales del crimen.
Cáceres era reconocida mundialmente en el movimiento ambientalista y de derechos Humanos, por lo que Estados Unidos, la Unión Europea y la comunidad internacional exigieron castigo para los culpables de su muerte.
