Tegucigalpa. Un juzgado hondureño declaró, este jueves, culpables a siete hombres por el asesinato de la emblemática ambientalista Berta Cáceres, incluyendo a un empleado de una empresa hidroeléctrica que había amenazado de muerte a la ecologista.

“El tribunal de tres jueces declara la responsabilidad penal” de Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y otros seis acusados, según el fallo leído en un juzgado de Tegucigalpa.

De acuerdo con “pruebas sólidas” y por unanimidad de los tres jueces de la sala, la resolución anota que la definición de la pena de la cantidad de años de cárcel será dictada el próximo 10 de enero.

Además, detalla que Rodríguez coordinó con el exjefe de seguridad de DESA Douglas Bustillo, con el mayor del ejército Mariano Díaz, y otro ejecutivo de esa empresa, para contratar a cuatro sicarios que mataran a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Los cuatro sicarios son Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres.

Según el relato de hechos, al menos dos personas ingresaron violentamente a la casa de Cáceres en la comunidad de La Esperanza (en el oeste del país) cerca de las 11 p.m. de 2 de marzo del 2016 y mataron a tiros a la ambientalista e hirieron al mexicano Gustavo Castro, dejándolo vivo porque él se hizo el muerto.

Otro hombre los transportó en un vehículo y un cuarto los acompañó. Asimismo, quedó evidenciada una oferta económica de 100.000 lempiras (poco más de $4.000) para los sicarios.

El fallo explicó que quedó comprobado el delito de "asesinato" por parte de Rodríguez, Bustillo y Díaz y de "asesinato" y "tentativa de asesinato" de Castro contra los cuatro sicarios.

El delito de asesinato se castiga con una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

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El tribunal absolvió a Emerson Duarte –hermano gemelo de Edilson– acusado por la Fiscalía de complicidad porque en su casa, en el caribeño puerto de La Ceiba, se encontró el arma homicida pero no pudo probar que tenía conocimiento de que la pistola había sido usada para asesinar a la ambientalista.

El Poder Judicial tiene pendiente conocer el juicio del noveno acusado, el presidente de DESA, David Castillo.

Al exponer las causas del asesinato, el tribunal concluyó que el personal de DESA consideraba que asesinando a Cáceres podía continuar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque.

La obra estaba paralizada por las protestas del Copinh, encabezadas por Cáceres.

Descontento con el fallo

En las afueras del tribunal, familiares, amigos y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el colectivo al que pertenecía Cáceres, se manifestaron para mostrar su insatisfacción por el fallo que deja en libertad a los autores intelectuales del crimen.

“Vamos por ellos”, gritaban los manifestantes. “Captura a los autores intelectuales de este crimen”, decía una voz mientras todos al unísono contestaban: “¡Ahora!”.

“Lamentamos que las acciones hasta este momento no han sido dirigidas contra los que ordenaron la muerte de Berta o que pagaron por su asesinato", aseguró el abogado defensor de la familia de Cáceres, Omar Menjívar.

Según un comunicado de Copinh, las actuales condenas afectan solo “al eslabón más bajo de la estructura criminal” y con ellas “el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia”.

De ahí que en la principal pancarta de la protesta se leyera “Faltán los Atala”, en referencia a la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, que, según la organización, “están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”.