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Bogotá, Colombia. La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica desclasificar la totalidad de los archivos sobre casos de pederastia solicitados por la prensa.
El alto tribunal dio la razón a los comunicadores Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, que emprendieron procesos judiciales luego de recibir respuestas parciales o negativas a más de 170 solicitudes de información desde 2018.
La decisión, conocida la noche del lunes en un boletín, abarca a todas las instituciones católicas en Colombia. Algunas de estas invocaron el “secreto pontificio” para no revelar los nombres de religiosos supuestamente vinculados a abusos.
“Aquí estamos ante un hito histórico en la transformación de las relaciones entre el Estado colombiano y la Iglesia católica (...) Que las preguntas que hacemos se deben contestar”, declaró Estupiñán a la AFP.
La Conferencia Episcopal colombiana aseguró en un comunicado que una vez se conozca la sentencia íntegra “se estudiará con atención”.
Rechazó las peticiones sobre datos de la trayectoria de todos sus religiosos, en base a los argumentos de los magistrados que votaron en contra y que consideran que ese punto “se funda en una presunción generalizada de mala fe contraria a la de inocencia”.
El concepto del tribunal sigue a dos sentencias de 2020 y 2022 que respaldaron a los dos reporteros en casos específicos contra algunas diócesis.
“La garantía del acceso a la información por parte de los periodistas no solo protege la libertad de prensa, sino que también contribuye al cumplimiento de la función social que ejerce el periodismo en una sociedad democrática”, reiteraron esta vez los magistrados, según el comunicado del tribunal.
Barrientos escribió dos libros con sus investigaciones en la ciudad de Medellín desde 2018. Estupiñán amplió sus hallazgos de manera independiente en otras zonas del país.
Publicaron juntos un libro en 2023 en el que revelan el nombre de más de 600 sacerdotes vinculados a denuncias de abusos contra menores, a pesar de que, dicen, la Iglesia solo les entregó “un 13%” de los datos que solicitaron.
“Eso es la puntita del iceberg. Aquí lo que esta gente ha ocultado es absolutamente demencial”, añadió Barrientos, que prevé que la cifra de implicados suba hasta unos 6.000 cuando se liberen todos los “archivos secretos”.
El alto tribunal colombiano ordenó además la víspera a la Fiscalía entregar la información solicitada por una periodista de la cadena británica BBC a inicios de año sobre los posibles abusos cometidos por religiosos en el país.
