Idalia Zúñiga, educadora de 58 años, perdió su trabajo, de la noche a la mañana, luego de participar en una protesta convocada por varios sindicatos contra los recortes millonarios del gobierno de Nayib Bukele a la educación pública y al sistema de salud, en El Salvador.
Zúñiga, quien ejercía como educadora desde 1992 y en los últimos años fue directora del centro educativo República del Perú, ubicado al norte de la capital San Salvador, afirmó que sufre persecución por parte de la administración de Bukele por su labor como dirigente del Frente Magisterial Salvadoreño y por cuestionar la “grave” disminución en el financiamiento de la educación.
Las represalias iniciaron, según relató, en agosto del 2024, cuando fue degradada de una plaza de directora de centro escolar a una de maestra sin ningún tipo de explicación.
La gota que derramó el vaso ocurrió el sábado 19 de octubre del 2024, cuando asistió junto con otras 2.000 personas a una marcha por las calles de San Salvador. El lunes siguiente a la manifestación, sin respetar el debido proceso, la mujer recibió una escueta carta en la que le comunicaban que su plaza ya no sería necesaria, debido a una “restructuración” del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
De esa forma, sin conocer los criterios técnicos de la supuesta reestructuración, sin derecho a defenderse o hacer valer sus derechos como trabajadora, Zúñiga afirmó que quedó desempleada.
“Conmigo se iniciaron los despidos”, aseguró Idalia en una entrevista con La Nación. Ella es una de los 9.000 funcionarios públicos que han sido despedidos en El Salvador, en los últimos meses, producto del recorte a los presupuestos de educación y salud, según datos de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora.
Secretismo estatal
Erick Zelaya, uno de los dirigentes de esa organización, dijo que esa contabilidad la han hecho a través de consultas a sus bases, ya que el Gobierno declaró como confidencial la información relacionada con los despidos de trabajadores estatales.
Según Expediente Público, una organización dedicada a periodismo de investigación regional, el presupuesto del 2025 para la educación pública en El Salvador sufrió un recorte de $31,1 millones y el de Salud $90,8 millones con respecto al 2024.
Esas reducciones fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, dominada por Bukele, en diciembre del año anterior.
“El día de la marcha, el 19 de octubre, yo expliqué que, días antes, en una reunión con el ministro de Educación (José Mauricio Pineda) se nos pidió desmontar la marcha y que no se efectuara. Yo hice un acto de rebeldía y me opuse a esa decisión y por eso me despiden el 21 de octubre, dos días después”, narró Zúñiga.
Para Zúñiga, lo más grave no es su despido, sino cómo el gobierno de Nayib Bukele está utilizando el aparato estatal para callar voces críticas y tomar represalias contra quienes no aplauden sus decisiones.
“En El Salvador se está desmontando la educación pública”, sentenció.
La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora también denunció que al menos cinco dirigentes sindicales han sido apresados, aprovechando el régimen de excepción que existe en ese país sin dar explicaciones claras.
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Baja en la popularidad
Aunque diferentes encuestas siguen arrojando altos índices de popularidad para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en enero registró, por primera vez, menos de un 80% de aprobación.
Ese hecho es significativo porque constantemente Bukele alardea de su popularidad y hasta ha hecho comentarios despectivos hacia la oposición, llamándola como el “1% de la población”.
Precisamente, el IX Estudio de Humor Social y Político del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), elaborado por la Universidad Francisco Gavidia, concluyó que el 77% de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele.
De acuerdo con ese mismo estudio, el 48,7% de los encuestados no apoya los recortes presupuestarios impulsados por Bukele y aprobados por la Asamblea Legislativa.
El estudio también refleja que un 55% de los salvadoreños cree que la minería contaminará el agua y el medio ambiente. Esa actividad fue revivida gracias a una decisión de Bukele tomada meses atrás.
“Desde el 2019 que el presidente Bukele tomó posesión, vulneró todo el Estado de derecho en el país, ese es el problema. Recordemos el episodio en el que entró a la Asamblea Legislativa con militares, luego destituyó con ayuda de sus diputados a los magistrados y, posteriormente, instauró el estado de excepción”, comentó Cesar Benedetto, extrabajador de la Procuraduría de Derechos Humanos en El Salvador.
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