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Washington, Estados Unidos. La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes que el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele mantiene en “desaparición forzada” a por lo menos 11 migrantes de su país que fueron deportados por Estados Unidos el año pasado.
Bukele, aliado de Donald Trump, recibió y encarceló hace un año en su megacárcel para pandilleros (Cecot) a unos 260 migrantes venezolanos y a una treintena de salvadoreños a los que ambos presidentes acusaron de pertenecer a las organizaciones delictivas Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (MS-13).
Los venezolanos fueron liberados cuatro meses después en un intercambio con estadounidenses detenidos por Venezuela, pero de los salvadoreños se desconoce en qué prisiones están o cómo se encuentran, según un comunicado de HRW.
“El Salvador ha sometido a desaparición forzada y detenido arbitrariamente a salvadoreños deportados”, denunció la organización, que urgió al gobierno a “revelar su paradero”.
HRW ha documentado la desaparición de 11 salvadoreños deportados, de los cuales ocho llegaron junto con los venezolanos y tres posteriormente, detalló a la AFP Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, quien no descartó que las personas en paradero desconocido sean incluso más numerosas.
La denuncia surge una semana después de que un grupo de juristas internacionales acusara al gobierno de Bukele de cometer “crímenes de lesa humanidad”, como torturas y desapariciones, en su “guerra” contra las pandillas, lo cual ha sido rechazado por el presidente.
En su informe difundido en Washington, HRW menciona que entrevistó a una veintena de familiares y abogados de los 11 “desaparecidos”, y que a ninguno se “les ha permitido” comunicarse con ellos.
Tampoco hay evidencia de que hayan sido presentados ante un juez.
Entre los salvadoreños deportados junto con los venezolanos había un conocido cabecilla de la Mara Salvatrucha, considerada terrorista por El Salvador y Estados Unidos.
Pero “ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han proporcionado evidencias (...) que respalden la afirmación de que los demás deportados sean” pandilleros, señaló HRW.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, dijo que “la deportación no puede significar una desaparición forzada”, y que “independientemente de los antecedentes penales” los involucrados “tienen derecho a un juicio justo”.
“La desesperación de las familias por encontrar a sus seres queridos desaparecidos evoca los días más oscuros de las dictaduras en América Latina”, indicó Goebertus en el comunicado.
En la red social X, Bukele acusó a las oenegés de convertirse en “bufetes legales de los delincuentes”, al rechazar las críticas a su política de seguridad que redujo a mínimos históricos la violencia, pero es señalada de violar derechos humanos.
