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Lisboa. Portugal amaneció este jueves prácticamente detenido por una huelga general que paralizó vuelos, trenes, escuelas y servicios públicos, en rechazo a la amplia reforma laboral impulsada por el gobierno de Luis Montenegro.
La protesta, convocada por los sindicatos CGTP y UGT, dejó a la principal estación ferroviaria de Lisboa casi desierta.
La mayoría de los trayectos fueron cancelados y la aerolínea estatal TAP Air Portugal suspendió cerca de dos tercios de sus 250 vuelos programados, lo que afectó a miles de pasajeros dentro y fuera del país.
Los sindicatos reportaron además interrupciones en la recolección de basura y la suspensión de unidades hospitalarias destinadas a casos no urgentes. Escuelas, tribunales y oficinas públicas trabajaron con servicios mínimos o cerraron por completo.
El paro nacional responde a la ley laboral propuesta por el gobierno minoritario de centroderecha, que plantea más de 100 cambios para “estimular el crecimiento económico y mejorar los salarios”, según Montenegro.
La reforma propone agilizar despidos, extender contratos temporales y elevar los servicios mínimos durante las huelgas.
Las organizaciones gremiales aseguran que esas medidas precarizan aún más el empleo y reducen la protección de los trabajadores en un país donde, de una población activa de cinco millones, alrededor de 1,3 millones están en condiciones laborales inestables.
La protesta es la más grande desde junio del 2013, cuando Portugal enfrentó una severa crisis de deuda y requirió un rescate del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea.
Mayoría social a favor del paro
Pese a la tensión política, la movilización tiene un respaldo amplio: el 61% de los portugueses la apoya, según una encuesta publicada en la prensa local.
Montenegro gobierna sin mayoría parlamentaria, pero podría aprobar la reforma con el apoyo de liberales y del partido de extrema derecha, que se consolidó como la segunda fuerza política del país.
Aunque Portugal mantiene un crecimiento económico cercano al 2% y un desempleo históricamente bajo —alrededor del 6%—, el primer ministro insiste en que este es el momento adecuado para modernizar el marco laboral.
