Ángel Aguirre, detenido el 6 de agosto, es señalado de ordenar eliminar videos de cámaras de seguridad de la ciudad de Iguala, en Guerrero, donde la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron vistos por última vez los jóvenes.
El caso Ayotzinapa desató una ola de indignación dentro y fuera de México.
La audiencia comenzó el martes por la tarde y se extendió hasta bien entrada la madrugada del miércoles.
El juez federal que lleva la causa consideró que hay elementos para un juicio y determinó que el exfuncionario permanecerá en prisión.
La fiscalía general, que lleva el caso, acusó a Aguirre “por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información”, según una publicación en X.
También busca acusarlo por el delito de delincuencia organizada.
Familiares de los estudiantes se manifestaron el martes en Chilpancingo, la capital de Guerrero, y en Ciudad de México para exigir que Aguirre sea castigado.
“Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”, declaró Aguirre en la audiencia de presentación tras su captura.
Aguirre es el segundo alto funcionario procesado por este caso, que sigue sin esclarecerse. En 2022, fue detenido el ex fiscal general Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
La fiscal general Ernestina Godoy ordenó una revisión exhaustiva de todos los elementos del caso.
Las pesquisas apuntan a que los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos de Iguala, que los entregaron a un cartel local. Solo fueron localizados hasta ahora los restos de tres jóvenes.
