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México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que su gobierno solicitará al de Estados Unidos parte de los $15.000 millones que impuso de multa al narcotraficante Ismael Mayo Zambada, para distribuirlo entre personas pobres.
El cofundador del poderoso cártel de Sinaloa, detenido por autoridades estadounidenses en julio de 2024, se declaró culpable el lunes ante una corte de Nueva York por diversos cargos de delincuencia organizada, narcotráfico, asesinatos y lavado de activos.
Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López.
Al asumir su culpabilidad, Zambada evitó ir a juicio, pero permanecerá encarcelado de por vida y deberá pagar la multimillonaria sanción.
“Si hubiera una recuperación de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos, pues sí estaríamos pidiendo que se diera a México para la gente más humilde”, afirmó Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.
La mandataria aclaró, no obstante, que el monto de la multa es un cálculo efectuado por el Departamento de Justicia estadounidense y no por autoridades mexicanas y que no necesariamente serán pagados directamente por Zambada.
Mayo Zambada se declaró culpable
El Mayo, uno de los narcotraficantes más longevos con cinco décadas de actividad, que nunca fue detenido en México, confesó haber enviado a Estados Unidos 1,5 millones de kilos de cocaína.
“Culpable”, dijo Zambada en español con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada entre 1989 y enero de 2024, y conspiración en grupo criminal para lavar activos, perpetrar asesinatos, secuestros y tráfico de drogas entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.
“Morirá en una cárcel de federal, donde está su lugar”, declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi. “Su reino de terror ha terminado, nunca volverá a ser libre”, sentenció Bondi, antes de recordar que Zambada vivió como un “rey y ahora vivirá como un criminal”.
Zambada pidió perdón a “quienes han sufrido” por sus acciones y reconoció que “la organización que dirigía promovió la corrupción” en México, “pagando sobornos a policías, comandantes militares y a políticos”.
Su abogado, Frank Pérez, aseguró que el pacto con la fiscalía “no es un acuerdo de cooperación” ni con el “gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno”, según una declaración enviada a la AFP tras la audiencia.
Consultada si su gobierno permitirá que Washington decomise bienes y recursos que el capo posea en México, Sheinbaum explicó que existen mecanismos y protocolos sobre lavado de activos entre la secretaría de Hacienda mexicana y el Departamento del Tesoro estadounidense.
“Si hubiera una incautación de recursos (...) en México, pues habría que pedir también que ese recurso, si es así, fuera devuelto a México para el beneficio de la gente”, agregó.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó declarar la extinción del cártel de Sinaloa, pese a la caída de Zambada y de su viejo socio Joaquín “Chapo” Guzman, quien cumple desde 2019 cadena perpetua en Estados Unidos.
“No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas (...), todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”, afirmó García Harfuch quien reconoció, no obstante, que ciertas facciones del grupo criminal “están mermadas”.
Llamado a la calma
En su declaración, el abogado del “Mayo” Zambada dijo: “Mi cliente (...) hace un pedido a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia”, ante la guerra desatada entre su clan y los herederos del Chapo que ha dejado más de un millar de muertos.
“El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado”, señaló en la declaración.
El Chapo fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras un mediático juicio en 2018.
“Esta resolución marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones judiciales de líderes del cartel de Sinaloa en Estados Unidos”, reconoció el fiscal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha redoblado las amenazas a México con elevados aranceles para que detenga el contrabando de drogas, en particular el de fentanilo, causante de decenas de miles de muertos por sobredosis en Estados Unidos.
En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha desplegado fuerzas navales en el Caribe para luchar contra los grupos narcotraficantes latinoamericanos, en particular el cartel de Sinaloa y el venezolano Tren de Aragua, que Washington designó como organizaciones “terroristas globales”.
A mediados de agosto, las autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil que se suman a otro grupo de 29 entregados en febrero, entre los que se encuentra el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en 1985.
Pese a que sus jefes históricos están en la cárcel en Estados Unidos, el cartel de Sinaloa, considerado como la mayor organización de narcotráfico del mundo, sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.
