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Washington, Estados Unidos. Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos juristas de países aliados como Francia y Canadá, en un nuevo esfuerzo por obstaculizar la actuación del tribunal de La Haya.
“El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Rubio afirmó que los cuatro juristas intentaron investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel “sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”.
La CPI, en su propio comunicado, denunció el “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.
Las sanciones alcanzan al juez francés Nicolas Guillou, quien preside un caso en el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El caso fue presentado por el Estado de Palestina, que no es reconocido por Washington pero, a diferencia de Israel o Estados Unidos, se ha adherido al estatuto que estableció el tribunal en La Haya.
Guillou, un veterano jurista, trabajó durante varios años en Estados Unidos asistiendo al Departamento de Justicia durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017). También participó en juicios vinculados a Kosovo y Líbano.
Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, estuvo en Washington dos días antes, expresó su “consternación” por la medida.
Las sanciones son “contrarias al principio de independencia de la justicia”, declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.
La fiscalía del tribunal alega que Netanyahu es responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la ofensiva israelí en Gaza, incluyendo ataques intencionales contra civiles y el uso de la hambruna como método de guerra.
Netanyahu elogió a Rubio por su “acto decisivo contra una campaña de desprestigio y mentiras contra el Estado de Israel” y el ejército israelí.
Israel lanzó su ofensiva en respuesta a un ataque sin precedentes del grupo islamista palestino Hamás en suelo israelí en octubre de 2023, en el que murieron principalmente civiles.
La CPI también solicitó la detención del exministro de defensa israelí Yoav Gallant y del comandante de Hamás Mohammed Deif, cuya muerte a manos de Israel se confirmó posteriormente.
En virtud de las sanciones, Estados Unidos prohibirá la entrada de los jueces de la CPI a su territorio y bloqueará cualquier propiedad que posean allí, medidas que son más frecuentes contra adversarios estadounidenses que contra ciudadanos de países aliados cercanos.
Defender a Israel, eximir a Putin
También fue sancionada una jueza canadiense, Kimberly Prost, quien participó en un caso que autorizó una investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Afganistán, una causa que alcanza a fuerzas estadounidenses.
Rubio también impuso sanciones a dos fiscales adjuntos: Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
El Departamento de Estado dijo que ambos fueron castigados por Estados Unidos por apoyar “acciones ilegítimas de la CPI contra Israel”, incluyendo el apoyo a las órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Gallant.
La administración Trump rechaza de manera contundente la autoridad de la corte, que cuenta con el respaldo de casi todas las democracias europeas y fue establecida como un tribunal de último recurso cuando los sistemas nacionales no permiten que se haga justicia.
El viernes, Trump recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska, a pesar de que el gobernante ruso enfrenta una orden de arresto de la CPI, un factor que ha impedido que viaje más ampliamente desde que ordenó la invasión de Ucrania.
Rubio impuso sanciones a otros cuatro jueces de la CPI en junio.
