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El gobierno de Estados Unidos incrementó este viernes la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro a $25 millones, igualando la cantidad ofrecida en el pasado por Osama Bin Laden. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para desmantelar la “estructura represiva y antidemocrática” del régimen venezolano, según indicó el Departamento de Estado.
El anuncio llega acompañado de nuevas sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro a altos funcionarios del gobierno de Maduro, acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Entre los sancionados se encuentran Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y Douglas Rico, director del CICPC, ambos señalados por desempeñar roles clave en las operaciones de represión del régimen.
La recompensa ofrecida por Maduro no solo busca su captura, sino también exponer el alcance de su red de corrupción, según declaró un portavoz del Departamento de Estado. Además, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también es objetivo de una recompensa de $25 millones, mientras que Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, tiene un precio de $15 millones sobre su cabeza.
“Estados Unidos y sus aliados continuarán aumentando la presión para garantizar una transición democrática en Venezuela”, afirmó Bradley T. Smith, subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Sanciones económicas y sociales
Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes e intereses económicos de los sancionados en territorio estadounidense. Esta acción se extiende a cualquier transacción entre entidades estadounidenses y los funcionarios implicados. Además, la coordinación internacional con países como Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea refuerza estas medidas.
La administración Biden subraya que estas sanciones no buscan perpetuar el sufrimiento del pueblo venezolano, sino fomentar cambios dentro del régimen. Según el comunicado oficial, las medidas también pretenden “reforzar los valores democráticos y los derechos humanos”.
Desde las elecciones de julio de 2024, calificadas como fraudulentas por Estados Unidos y sus aliados, la represión en Venezuela ha ido en aumento. Expertos destacan que figuras como José Ramón Figuera Valdez, comandante de la Zona de Defensa Integral del Distrito Capital, han sido responsables de graves abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y muertes durante manifestaciones tras los comicios.
El Parlamento Europeo, que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo, también condenó la investidura de Maduro y reiteró su apoyo a la oposición venezolana. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento, expresó: “Maduro debería enfrentar la justicia, no prestar un juramento ilegítimo”.
Presión internacional
Estas acciones reflejan un esfuerzo coordinado de Estados Unidos y la comunidad internacional para intensificar la presión sobre el régimen de Maduro. Con el aumento de las recompensas y las sanciones financieras, Washington busca cerrar el cerco alrededor de las figuras clave del gobierno venezolano, promoviendo un camino hacia la democracia en el país.
La comparación con Bin Laden subraya la gravedad con la que Estados Unidos percibe al líder venezolano, reforzando el mensaje de que el régimen de Maduro enfrenta un creciente aislamiento y rechazo internacional.
