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Madrid. El Gobierno de España aprobó este martes un plan excepcional de regularización migratoria que podría beneficiar a cerca de 500.000 inmigrantes, la mayoría latinoamericanos, en una medida que marca un giro promigración en contraste con el endurecimiento de políticas en buena parte de Europa.
La iniciativa fue avalada en el Consejo de Ministros y permitirá acceder a la regularización a personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, que acrediten al menos cinco meses de residencia en el país y carezcan de antecedentes penales, según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El proceso de tramitación se abrirá entre abril y el 30 de junio de 2026, periodo durante el cual los beneficiarios podrán solicitar la documentación que les permitirá trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier punto del territorio español.
“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, afirmó Saiz en conferencia de prensa.
Una excepción en Europa
El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez se ha convertido en una excepción dentro de la Unión Europea, donde numerosos países han endurecido sus políticas migratorias bajo la presión de partidos de extrema derecha.
“Somos un país que defiende un modelo migratorio legal, seguro y ordenado, pero también humano y abierto”, reiteró recientemente Sánchez, quien subrayó que el 80% del crecimiento económico español de los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la Seguridad Social están vinculados a la migración.
España cerró el cuarto trimestre de 2025 con una tasa de desempleo inferior al 10%, y la mayoría de los nuevos empleos fueron ocupados por trabajadores extranjeros, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.
La regularización se inscribe en una estrategia más amplia para enfrentar el envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad, que se ha reducido un 25,6% desde 2014, según datos oficiales.
En noviembre de 2024, el propio Sánchez ya había anunciado una reforma del reglamento de extranjería con el objetivo de regularizar a unas 300.000 personas por año durante tres años.
España cuenta actualmente con 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. A inicios de 2025, se estimaba que unos 840.000 inmigrantes vivían en situación irregular, la mayoría provenientes de América Latina, según el centro de estudios Funcas.
El plan fue aprobado mediante real decreto, lo que evita su paso por el Parlamento, donde el Gobierno no dispone de mayoría absoluta.
Apoyos y críticas
La medida fue celebrada por organizaciones sociales, colectivos de migrantes y la Iglesia católica, que la calificó como “un acto de justicia social”.
Desde el espacio político de Podemos, la eurodiputada Irene Montero defendió la regularización con un discurso enfático: “El racismo se responde con derechos. Nosotros damos papeles”.
En contraste, la derecha y la extrema derecha criticaron duramente la decisión. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que “la ilegalidad se premia”, mientras que Santiago Abascal, de Vox, acusó al Gobierno de promover un “efecto llamada”.
La última regularización masiva en España se remonta a 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando más de medio millón de personas accedieron a la legalidad.
