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El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró este domingo 12 de octubre por la noche el nuevo gobierno de su primer ministro centroderechista, Sébastien Lecornu, en el que destaca la entrada de funcionarios con perfil técnico en plena crisis política.
Macron designó a un nuevo gobierno justo una semana después del último, que duró solo 14 horas. Aunque Lecornu, de 39 años, dimitió el lunes, el presidente le renovó su confianza el viernes para seguir al frente.
Lecornu propuso al presidente para su segundo gabinete de 34 miembros “una mezcla de sociedad civil con perfiles experimentados y jóvenes parlamentarios”, para “hacer emerger nuevos rostros”, indicó su entorno.
Entre las novedades figuran el nombramiento del prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, como ministro del Interior, y del jefe de la compañía nacional de trenes SNCF, Jean-Pierre Farandou, al frente de la cartera de Trabajo.
Nuñez sucede al conservador Bruno Retailleau, cuyas críticas a la composición del anterior gobierno precipitaron la dimisión de Lecornu y la última semana de crisis.
Entre los nuevos ministros con perfil técnico también figuran el alto funcionario Édouard Geffray (Educación Nacional) y la presidenta de la oenegé ecologista WWF, Monique Barbut (Transición Ecológica).
Del lado político, Lecornu mantiene al canciller Jean-Noël Barrot y al ministro de Economía, Roland Lescure, así como a pesos pesados como Gérald Darmanin (Justicia) y Rachida Dati (Cultura). La ministra Cathérine Vautrin asume Defensa.
La incógnita es si el nuevo gobierno logrará superar la censura en el Parlamento, que ya tumbó en menos de un año a los predecesores de Lecornu: el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou.
La ultraderechista Marine Le Pen y sus aliados amenazaron con censurarlo, al igual que la oposición de izquierdas, a excepción de los socialistas que esperarán primero al discurso de política general de Lecornu.
La principal misión del próximo gobierno será presentar rápidamente unas cuentas para 2026 que recaben una mayoría en la Asamblea y permitan sanear las arcas públicas, cuyo nivel de deuda alcanzó en junio el 115,6% del PIB.
