Escuchar
Madrid. El grupo paramilitar Clan del Golfo envió al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella una carta en la que expresa su disposición a continuar el proceso de paz y a someterse a la Justicia.
El líder del grupo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo‘, firma el documento y formaliza la propuesta.
El grupo interpela directamente a De la Espriella con la frase: “Estamos listos, señor presidente”.
El presidente electo, que recibió recientemente sus credenciales, advirtió a las organizaciones armadas ilegales que disponen de un mes para abandonar la lucha armada y afirmó: “En mi Gobierno no habrá ofertas generosas”.
El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reafirmó su voluntad de reunirse con el alto comisionado para la Paz y con los nuevos funcionarios del futuro Gobierno.
La organización busca ‘continuar el camino de la conversación’ con el objetivo de avanzar hacia su sometimiento a la Justicia.
En la misma carta, el grupo propone incorporar a Estados Unidos y Reino Unido en las negociaciones, sin excluir a los países que ya actúan como mediadores, como España, Noruega, Suiza y Qatar, además de la Conferencia Episcopal colombiana.
El grupo también invita formalmente a esos dos países a vincularse al proceso de diálogo.
El Clan del Golfo sostiene que su ‘sólido arraigo’ social, político y territorial exige garantías de seguridad jurídica y personal para sus integrantes. Además, pide que las comunidades bajo su influencia reciban protección durante una eventual negociación.
La organización también reconoce el interés del presidente electo en sustituir los cultivos ilícitos y otras economías ilegales en las regiones donde opera. Sin embargo, condiciona cualquier transformación al respeto de los derechos de comunidades agrícolas y mineras.
El grupo afirma que estas comunidades deben actuar como interlocutores centrales en cualquier proceso de transformación rural. También, se presenta como un actor que ha protegido a estas poblaciones frente a cárteles del narcotráfico, redes de trata de migrantes y delitos ambientales.
El Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, mantiene conversaciones formales con el Clan del Golfo desde septiembre de 2025 en Doha, Qatar. Sin embargo, el proceso sufre un revés en febrero de 2026 tras un encuentro entre Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.
Durante esa reunión, Petro solicita apoyo a Estados Unidos para capturar a varios líderes del conflicto armado colombiano, incluido “Chiquito Malo”.
Posteriormente, las negociaciones se reactivan en Bogotá después de que el Ministerio de Defensa, según el propio grupo, retira a su líder de la lista de “objetivos de alto valor” y avanza en la discusión sobre un eventual estatus político.
El Gobierno, sin embargo, insiste en que mantiene las operaciones contra el grupo. Al mismo tiempo, permite ciertos traslados a zonas de ubicación temporal para integrantes sin órdenes de extradición, sin que ello beneficie directamente a “Chiquito Malo”.
Alias “Javier”, “Chiquito Malo” asume el liderazgo del Clan del Golfo tras la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, en octubre de 2021. “Otoniel” había sido el hombre más buscado del país y actualmente cumple una condena de 45 años en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el Clan del Golfo se dedica al tráfico trasnacional de drogas, control de territorios, incluso dirige el mercado de la pasta base de coca, además, participa en la minería ilegal y la extorsión.
Desde 2022, la inteligencia colombiana observa un aumento del número de integrantes del Clan del Golfo y una expansión de su presencia territorial, en paralelo con los acercamientos del Gobierno para negociar. Este crecimiento provoca enfrentamientos con otros grupos armados.
La poderosa agrupación de origen paramilitar es uno de los numerosos grupos armados que han sumido a Colombia en la peor ola de violencia de la última década.
Finalmente, investigaciones periodísticas señalan que el Gobierno habría realizado concesiones operativas, como la reducción de operaciones militares en zonas controladas por el grupo, a cambio de avances en el proceso de paz.
La crisis en la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en un país con más de seis décadas de conflicto armado.
