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San Salvador, El Salvador. Abogados de los 252 migrantes venezolanos deportados por el gobierno estadounidense de Donald Trump y encarcelados desde hace dos meses en El Salvador denunciaron este viernes que sus clientes son víctimas de “torturas físicas” y “morales”.
Un bufete contratado por el gobierno venezolano no ha logrado visitar a los migrantes en la megacárcel donde están presos y busca obtener una “prueba de vida”, pero se topa con un muro de silencio del gobierno de Nayib Bukele y la justicia de El Salvador.
El bufete Grupo Ortega presentó el 24 de marzo un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema para terminar con lo que califica como “detención ilegal” de los venezolanos llegados al país el 16 de marzo, pero el tribunal no se ha pronunciado.
“Los están tratando como vulgares delincuentes, y les han quitado el pelo”, dijo el abogado Salvador Ríos. “Los han disfrazado (...) Esas son torturas, torturas físicas y torturas de orden moral”, afirmó en una entrevista con la AFP.
Las imágenes del ingreso de los venezolanos con el cabello rapado y encadenados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida recientemente por Bukele, reflejan su “grave” situación, añadió Ríos.
Los abogados también entregaron hace 11 días una carta a Bukele, aliado clave de Trump en su política contra los migrantes, para pedirle autorización para visitar a los venezolanos y obtener una “prueba de vida”. El mandatario no ha contestado.
Contra molinos de viento
La defensa no ha podido avanzar porque el gobierno y la corte “han guardado silencio”, indicó Ríos.
“Es como [luchar contra] molinos de viento, ha sido una frustración evidente y clara”, expresó.
La AFP solicitó a la presidencia salvadoreña su reacción, pero no ha obtenido respuesta.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, indicó recientemente que su gobierno brinda a los migrantes venezolanos deportados un “servicio que podríamos llamar de alojamiento penitenciario”.
“Es como si viene una persona a El Salvador y pide tratamiento médico”, declaró Ulloa al medio francés Le Grand Continent.
Para deportar a los migrantes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 solo usada en tiempos de guerra, y acusó a los venezolanos de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, afirmación rechazada por amigos y familiares de los migrantes.
Los 252 venezolanos, así como 36 migrantes salvadoreños deportados, permanecen incomunicados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel para miles de pandilleros construida recientemente por Bukele.
Una larga incomunicación sin fundamento legal “es una tortura, los daños no solamente son físicos, sino que morales (...) Ese tipo de torturas deja secuelas” que “van afectar al individuo”, agregó.
En su carta a Buleke, los abogados solicitaron tener una “entrevista profesional” con los presos, presencial o virtual, que serviría “como muestra o prueba de vida de cada uno de los ciudadanos venezolanos”.
También pidieron al mandatario que divulgue “oficialmente la nómina o listado” de los 252 venezolanos, que Washington tampoco ha revelado.
Deportados por error
El bufete presentó el recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema por 30 migrantes venezolanos encarcelados, y de forma “extensiva” por el resto.
Asimismo, pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos que verifique las condiciones de detención de los venezolanos y acudió a la Dirección de Centros Penales.
Ninguna de estas gestiones ha obtenido resultados.
Uno de los 36 migrantes salvadoreños enviados por Washington es Kilmar Armando Ábrego García, deportado por un “error administrativo” a pesar de tener protecciones contra la expulsión, según admitió el propio gobierno estadounidense. Estuvo inicialmente en el Cecot, pero en abril fue enviado a una granja penal.
Un venezolano identificado en documentos judiciales estadounidenses como “Cristian” también fue deportado por error. En ambos casos, jueces estadounidenses pidieron infructuosamente al gobierno Trump que facilite su regreso a Estados Unidos.
“Impotencia”
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó esta semana que el caso despierta “serias preocupaciones respecto a un amplio abanico de derechos que son fundamentales tanto en Estados Unidos como para la legislación internacional”.
“Las familias con las que hemos hablado expresaron un sentimiento de impotencia frente a lo que pasó y su dolor de ver a sus seres queridos etiquetados y tratados como delincuentes violentos, o incluso terroristas, sin que ningún tribunal se haya pronunciado sobre la validez de lo que se les acusa”, afirmó.
El abogado Isael Guerrero, también del bufete Grupo Ortega, dijo a la AFP que se trata de “una detención completamente ilegal”, pues los venezolanos “no se encuentran procesados jurídicamente en ningún tribunal” de El Salvador.
El “cien por ciento” de ellos son migrantes y “ni uno tan solo de ellos está siendo procesado” en Estados Unidos como supuesto miembro del Tren de Aragua, destacó por su lado el jefe del bufete, Jaime Ortega.
Afirmó que el destino de los venezolanos depende exclusivamente de Bukele, pues “la expulsión deja totalmente sin efecto la jurisdicción norteamericana”.
Bukele ofreció en abril al presidente venezolano Nicolás Maduro canjear a los 252 migrantes por “presos políticos” venezolanos, pero la propuesta fue calificada de “cínica” por Caracas.
