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Buena Park, California. - La detención de miles de inmigrantes indocumentados en redadas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha desatado una crisis silenciosa en los hogares latinos de la región de Los Ángeles. Más de 2.200 personas fueron arrestadas en junio. El 60% no tenía antecedentes penales.
Muchas familias, donde un solo miembro aportaba los ingresos, han quedado sin medios para cubrir gastos básicos como el alquiler, la alimentación y la educación de los hijos.
Martha, una madre mexicana de 39 años, enfrentó esta situación tras la detención de su esposo a inicios de julio. Perdió de inmediato el único ingreso familiar. Vive en un apartamento de 65 metros cuadrados en Buena Park, por el que debe pagar $2.050 al mes. Encontró empleo nocturno en una fábrica por el salario mínimo. Su jornada le deja apenas tres horas para dormir antes de encargarse de sus hijas de seis y siete años.
Desplome de ingresos y temor generalizado
Organizaciones como el Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN han atendido más de 300 hogares con ingresos reducidos. Muchos no regresaron a sus trabajos por temor a nuevas redadas. La entidad asignó más de $30.000 para apoyar a unas 20 familias en el pago del alquiler, pero reconocen que el modelo es insostenible.
La subdirectora del centro, Andrea González, advirtió sobre una “tormenta mayor”. No solo preocupa la detención de inmigrantes. También alarma el impacto económico que empuja a familias enteras al borde del desalojo.
Los Ángeles enfrenta una nueva emergencia social
Las autoridades del condado de Los Ángeles trabajan en la creación de un fondo de asistencia. La ciudad también planea otro con aportes filantrópicos, sin utilizar fondos públicos. Las ayudas, en forma de tarjetas con unos cientos de dólares, podrían aliviar en parte a algunas familias, explicó la alcaldesa Karen Bass.
Sin embargo, González considera que las ayudas actuales no alcanzan ni el 10% del alquiler de una vivienda promedio. Solicita establecer una moratoria a los desalojos, similar a la implementada durante la pandemia.
Actualmente, unas 72.000 personas viven sin hogar en la región. Si no se toman medidas urgentes, esta cifra podría aumentar, según alertan activistas.
Casos como el de María Martínez evidencian la fragilidad económica
Martínez, ciudadana estadounidense de 59 años, ha tenido que depender de sus hijos para pagar el alquiler de $1.800 desde que su esposo indocumentado fue arrestado en Pomona, en junio. Su subsidio por discapacidad, de $1.000, no le alcanza. Asegura que apenas logran sobrevivir.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
