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Washington, Estados Unidos. Una dividida Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este lunes al presidente Donald Trump para reanudar el desmantelamiento del Departamento de Educación mediante el despido de más de mil trabajadores.
El tribunal, dominado por una mayoría conservadora, levantó mediante una orden no firmada la suspensión que había sido impuesta por un juez federal a los despidos masivos en esa dependencia.
Las tres juezas liberales del panel de nueve magistrados votaron en contra.
The New York Times informó que la administración ya había anunciado su intención de despedir a más de 1.300 empleados, lo que en la práctica desmantelaría el Departamento de Educación, responsable de gestionar los préstamos federales para estudios universitarios, monitorear el rendimiento académico y hacer cumplir leyes de derechos civiles en las escuelas.
El Departamento inició el año con más de 4.000 funcionarios. Además de los despidos, se cesó a personal en periodo de prueba y se ofreció la posibilidad de renuncia voluntaria. Después de estas medidas, el personal se reducirá a la mitad de lo que era antes del regreso de Trump a la presidencia, informó NYTimes.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, confirmó que el gobierno de Donald Trump continuará con los despidos masivos en el Departamento de Educación.
Según dijo, esta medida busca aumentar la eficiencia con menos burocracia.
Desde la Casa Blanca respaldaron la decisión de la Corte Suprema que permitió retomar los despidos. “El presidente Trump tiene autoridad constitucional absoluta para dirigir sus agencias”, afirmó la vocera Liz Huston, en una crítica directa a los jueces que intentaron frenar la reestructuración del Departamento.
Sin embargo, el sindicato de empleados públicos reaccionó con preocupación. Sheria Smith, presidenta del American Federation of Government Employees Local 252, advirtió que esta decisión pone en riesgo el futuro de millones de estudiantes. “Es profundamente decepcionante ver cómo se desmantela un pilar esencial del sistema educativo”, expresó.
Durante su campaña para regresar a la Casa Blanca, Trump prometió eliminar el Departamento de Educación, creado por el Congreso en 1979, y en marzo ordenó reducir su plantilla en casi un 50%.
Unos 20 estados, junto con sindicatos de docentes, demandaron la medida, alegando que Trump violaba el principio de separación de poderes al invadir atribuciones propias del Congreso.
En mayo, el juez distrital Myong Joun ordenó la reincorporación de cientos de empleados despedidos del Departamento de Educación.
Sin embargo, la Corte Suprema anuló esa orden sin dar explicaciones, pocos días después de otra resolución que también permitió a Trump proceder con despidos masivos en otras agencias del gobierno.
La jueza Sonia Sotomayor, en una disidencia respaldada por las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, advirtió que “solo el Congreso tiene la facultad de abolir el Departamento”.
“La mayoría está siendo ciega deliberadamente ante las implicaciones de su fallo o es ingenua, pero de cualquier manera, la amenaza a la separación de poderes de nuestra Constitución es grave”, expresó Sotomayor.
Tradicionalmente, el gobierno federal tiene un papel limitado en la educación en EE. UU., con solo el 13% del financiamiento para escuelas primarias y secundarias proveniente de fondos nacionales; el resto es cubierto por estados y gobiernos locales.
No obstante, el aporte federal es crucial para las escuelas de bajos recursos y los estudiantes con necesidades especiales, y ha sido fundamental para hacer cumplir protecciones clave en derechos civiles estudiantiles.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó a las agencias federales elaborar planes de reducción masiva de personal, como parte de un esfuerzo liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), anteriormente dirigido por Elon Musk, para achicar el tamaño del Estado.
Trump ha impulsado el despido de decenas de miles de empleados públicos y la eliminación de programas, con el foco en acabar con iniciativas de diversidad, así como abolir el Departamento de Educación, la agencia de ayuda humanitaria USAID, entre otros organismos.
