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Washington, Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña decretada en virtud de una ley del siglo XVIII.
El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros del Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Hasta ahora, la ley solo se había usado durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses y en las dos guerras mundiales.
“Se ordena al gobierno no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte”, decretó el tribunal.
La decisión responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos con tal de frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas, en el sur.
En su recurso presentado el viernes por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentó que se había comunicado al grupo de venezolanos retenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente” en virtud de esa ley.
Los abogados de varios venezolanos deportados previamente insisten en que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua y aseguran que no habían cometido delitos y que, en gran medida, fueron blanco de esta campaña por los tatuajes de su cuerpo.
Trump, que en campaña prometió expulsar a millones de migrantes indocumentados, acusó a Venezuela de “perpetrar una invasión” de Estados Unidos a través de la entrada al territorio norteamericano de presuntos miembros del Tren de Aragua.
Oportunidad de defenderse
La Corte Suprema ya había indicado este mes que cualquier persona en un proceso de deportación en el marco de esta ley del siglo XVIII debía tener la oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión.
La ACLU afirmó en su recurso el viernes que los migrantes retenidos en Texas corrían el riesgo de “ser expulsados de Estados Unidos sin previo aviso ni la oportunidad de ser escuchados”.
“Muchos individuos han sido ya puestos en autobuses, presuntamente dirigidos hacia el aeropuerto”, señaló este grupo.
La semana pasada, la Corte Suprema ya ordenó al gobierno de Trump a “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país precisamente en virtud de la misma ley.
Kilmar Ábrego García vivía bajo un estatus legal protegido desde el 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado a su país porque podría estar en peligro.
Aun así, el 12 de marzo fue arrestado y expulsado tres días después. Aunque reconoció un “error administrativo”, la administración federal argumenta que no puede enmendarlo porque Ábrego García ya está detenido en El Salvador.
Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de la capital, San Salvador. Esta prisión es considerada el penal más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 presos.
Los reclusos se encuentran hacinados en celdas sin ventanas, duermen en camas de metal sin colchón y no pueden recibir visitas.
