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Este miércoles 10 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un comunicado donde se declara responsable al Estado de Venezuela por la detención ilegal, la tortura y la persecución política sufridas por Jorge Rojas Riera durante una protesta en Caracas en el 2003.
Además, la corte ordenó, entre otras medidas de reparación, el cierre permanente del controversial centro de detención conocido como El Helicoide.
La sentencia concluyó que Venezuela violó múltiples derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos la libertad personal, la integridad física, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la participación política de la víctima.
Según determinó el tribunal, Rojas Riera participaba en labores de apoyo logístico a una manifestación en la Plaza Francia de Altamira cuando fue detenido por agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), quienes actuaron vestidos de civil, sin identificarse y portando armas.
La Corte concluyó que el operativo impidió al manifestante continuar ejerciendo su derecho a la protesta pacífica y que la detención se produjo sin fundamento legal suficiente.
Además, señaló que nunca fue informado adecuadamente sobre las razones de su arresto y que posteriormente permaneció en prisión preventiva durante más de tres meses sin una justificación compatible con los estándares internacionales.
Uno de los aspectos más severos de la sentencia se refiere al trato que recibió durante su reclusión en El Helicoide, un centro de detención ubicado en Caracas que hace dos días fue vaciado tras el traslado de privados de libertad a otros inmuebles.
El tribunal concluyó que Rojas Riera fue sometido a golpes, amenazas de violencia sexual, simulacros de ejecución y otros actos que constituyeron tortura. También estableció que las autoridades venezolanas incumplieron su obligación de investigar y sancionar esos hechos.
Orden de cierre
La Corte fue más allá de las reparaciones individuales y ordenó el cierre permanente de El Helicoide al considerar que su funcionamiento resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana.
En la sentencia, el tribunal recordó que en fallos anteriores ya había advertido sobre las condiciones de ese centro de detención y sobre denuncias persistentes de torturas y malos tratos contra personas privadas de libertad.
Los jueces consideraron especialmente preocupante que instalaciones administradas por organismos de inteligencia sean utilizadas para mantener personas detenidas, pues ello genera un riesgo elevado para su integridad física y dificulta el control judicial de las condiciones de reclusión.
La Corte señaló que organismos internacionales de derechos humanos, incluida una misión independiente de las Naciones Unidas, han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en El Helicoide, espacio que se construyó en los 50 como un centro comercial con estilo arquitectónico de vanguardia, pero que terminó convertido en una prisión.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes 2 de junio que ya la prisión estaba cerada, aunque aún había personas encarceladas para ese día.
Según AFP, el miércoles 3 de junio iniciaron una serie de traslados de privados de libertad.
Otras medidas
Además del cierre del centro de detención, la sentencia ordena a Venezuela reabrir y continuar las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
También instruye a la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, así como la adopción de protocolos especializados para investigar denuncias de tortura y la creación de un registro oficial sobre este tipo de violaciones.
Asimismo, el Estado deberá indemnizar a la víctima y a su madre, Jackeline Riera Pietri, a quien la Corte también reconoció como afectada por las consecuencias de los hechos.
