Escuchar
Lahore. AFP. Pakistán investigaba el lunes el que podría ser el mayor escándalo de violación de niños de su historia, en el que cerca de 300 víctimas habrían sido filmadas en pleno abuso por hombres que después chantajeaban a sus familias.
Al menos 280 niños, la mayoría menores de 14 años, figuran en los centenares de sórdidos videos realizados desde el 2007 en el pueblo de Husain Janwala, al suroeste de Lahore, la segunda ciudad del país, indicó Latif Ahmed Sara, un representante de las familias de las víctimas.
Estas eran grabadas mientras uno o varios hombres las ultrajaban o eran obligadas a mantener relaciones entre sí, informaron Sara y medios locales. Alrededor de 25 hombres estarían implicados.
“Se difundieron unos 300 videos, y en ellos aparece uno de cada dos niños de este pueblo”, precisó el representante.
La magnitud del escándalo es tal que el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, que tiene en Lahore su principal feudo electoral, emitió un comunicado en el cual expresó su “cólera” y “dolor” por lo ocurrido, y prometió que no se concedería ningún indulto a los culpables.
Su hermano, Shahbaz Sharif, jefe del Gobierno provincial del Punyab, anunció una investigación judicial “independiente” sobre el caso, que ha indignado a las organizaciones de derechos humanos y suscitado un gran interés entre los medios.
“Las personas implicadas serán castigadas y se hará justicia para las familias afectadas”, afirmó en un comunicado.
Sospechas. Los abogados de las víctimas acusaron este lunes a la Policía local de complicidad con los supuestos agresores, al imponer un toque de queda en la ciudad, detener “ilegalmente” a las víctimas y negarse a registrar sus denuncias ante la Justicia.
Este caso constituye “el mayor escándalo de abusos cometidos contra niños en la historia de Pakistán”, consideró el jefe de la Oficina de Protección a la Infancia del Punyab, Saba Sadiq.
Según varios testimonios, los culpables trataron de chantajear a los padres de las presuntas víctimas, amenazándolos con vender los videos.
En un primer informe encargado la semana pasada por el Gobierno del Punyab, las autoridades locales negaron las alegaciones de abusos y las habían calificado de “infundadas”.
