EscucharSan Salvador. Una experta de la ONU advirtió este lunes de “un patrón de comportamiento” en El Salvador que sugiere la perpetración de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Policía o el Ejército.
“He hallado un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”, señaló en una rueda de prensa la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, la francesa Agnes Callamard.
Las posibles ejecuciones extrajudiciales o el uso excesivo de fuerza estarían siendo cometidos por agentes policiales y soldados del Ejército contra miembros de las pandillas, señaladas por el gobierno de ser las principales responsables de la ola de violencia homicida en el país.
Agregó que este comportamiento que viola los derechos humanos se fomenta aún más “por las muy débiles respuestas” de las principales instituciones públicas, incluyendo el nivel de investigación y judicial.
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Callamard dejó en claro que ese patrón “no es una política de Estado”. “Ese patrón se alimenta de una forma, por el hecho de que las quejas o denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía o a manos de los militares no se investigan de la forma correcta”, sostuvo la experta de la ONU, quien consideró necesario que se examinen las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Señalamientos
La experta, quien no brindó cifras sobre los presuntas ejecuciones extrajudiciales, sí reconoció que durante su visita recibió denuncias de organizaciones salvadoreñas defensoras de los derechos humanos que relatan casos de este tipo.
Según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), entre el 2014 y el 2016 se registraron en El Salvador 44 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales en las que estarían involucrados policías y militares.
Durante su gira, que comenzó el 25 de enero, Callamard habló con familiares de víctimas de la violencia, mujeres que fueron sometidas “repetidamente” a violencia sexual, hombres jóvenes “traumatizados por la experiencia de violencia vivida en manos de las pandillas” y agentes policiales o soldados del Ejército.
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“Las víctimas no tienen más remedio que caminar por los mismos caminos que sus violadores, de encontrarse con sus torturadores en cualquier esquina de la calle y ver todos los días como se pasean los asesinos de sus hijos” .
En su opinión, los homicidios en el país “parecen ser una estrategia deliberada de las pandillas para asegurar el control territorial y su poder”.
Respuesta del Estado
"La respuesta del gobierno a esta violencia endémica no debe de profundizarla aún más, independientemente de cuán complejo sea el contexto”, consideró Callamard, para quien es necesario que la administración deje de aplicar las medidas extraordinarias de seguridad implementadas desde el 2016 en seis penales que resguardan a miembros de pandillas.
El país centroamericano tiene una de las tasas de homicidios más alta en el mundo, según cifras oficiales. Informes de la Policía señalan que al menos 3.954 personas fueron asesinadas en 2017, un promedio de 60,8 muertes violentas por cada 100.00 habitantes, el equivalente a 10,8 por día.
Esas medidas, que el gobierno pidió al Congreso extender un año más a partir de marzo, establecen el encierro casi permanente de los reos en sus celdas, la restricción de la visita familiar y el bloqueo de la señal telefónica para evitar que los pandilleros se comuniquen con sus estructuras que están en libertad.
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Señaló que desde el 2016, cuando se implementaron estas medidas, casi 40.000 personas “se encuentran en detención prolongada bajo condiciones crueles e inhumanas, muchos de ellos a la espera de un juicio.
“Lo que yo he visto es inaceptable, y sí no se mejoran las condiciones en las cárceles salvadoreñas, la presión internacional sobre El Salvador va a aumentar”, @AgnesCallamard Relatora especial de la @ONU_es sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. pic.twitter.com/krSrJYPKks
— Idhuca (@idhuca) February 5, 2018
Callamard, quien visitó varias de las cárceles, declaró: “Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos” .
En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.
