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Brasilia
El presidente brasileño Michel Temer, acorralado por graves acusaciones de corrupción, enfrenta a partir de este martes al reinicio de un juicio en el Tribunal Superior Electoral (TSE) que puede anular su mandato.
Brasilia, sede del gobierno y del tribunal electoral, amaneció en un clima de normalidad, a la espera de movilizaciones anunciadas por grupos de izquierda en las inmediaciones de la corte cuando inicie el juicio, al caer la noche.
El proceso, que hasta hace poco parecía condenado al fracaso, cobró relevancia desde que el 17 de mayo salió a la luz una grabación en la que Temer parece dar aval al pago de un soborno. El escándalo disparó los pedidos de renuncia y de juicios de destitución en su contra.
Los siete jueces del TSE juzgarán los comicios del 2014, en los que resultó reelecta la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer (PMDB, centroderecha), por presunto abuso de poder y financiación ilegal procedente del megafraude a Petrobras.
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Las denuncias fueron presentadas en el 2014 y el 2015 por el PSDB (centroderecha), derrotado en las urnas pero que en la actualidad es, paradójicamente, el principal aliado del PMDB de Temer, quien asumió la presidencia tras la destitución de Rousseff hace un año.
Aun así, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) amenaza con salir de la coalición, en función del dictamen del TSE.
El juicio debería terminar el jueves, pero expertos consultados por la AFP coinciden en que hay muchas probabilidades de que se alargue por semanas si uno de los magistrados pide "vista" para suspender el debate y revisar el caso.
El entorno presidencial está convencido de que Temer será absuelto, pero en caso de condena existen también varios mecanismos prolongados de apelación.
"Nunca en mi vida vi un gobierno tan corrupto, en el que sus principales figuras estén investigadas", dijo Adalberto Silveira, un transportista de 89 años, en un centro comercial en Brasilia.
"Están agarrados (al poder) y aparentemente van a continuar enredando el proceso con recursos... este gobierno no tiene moral", reclamó indignado.
Los principales ministros de Temer y decenas de legisladores de todos los partidos están en la mira de la justicia por el caso de sobornos en Petrobras.
Para la fiscal de la República y especialista en Derecho Público Silvana Batini es "muy difícil" pronosticar un veredicto.
"Aunque el TSE juzgue en el plano jurídico, la crisis institucional es muy seria y es natural que ese tribunal se vea influenciado por la cuestión política también", dijo Batini a la AFP.
Temer trató de mostrar normalidad la víspera del juicio, al encabezar varios actos de gobierno en los que defendió su gestión y sus impopulares reformas promercado para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.
El mandatario, de 76 años, se apoya en el crecimiento económico del primer trimestre de este año (+1%), en el control de la inflación y en una leve disminución del desempleo, que afecta aún a 14 millones de brasileños (13,6% de la población activa).
Y mientras su gobierno hace esfuerzos para que la reforma laboral –pendiente de aprobación junto a la de jubilaciones– avance en el Congreso, varios dolores de cabeza van complicando su camino.
Uno de ellos es la posibilidad de que la Fiscalía presente en los próximos días una denuncia contraTemer, en base a las declaraciones y pruebas que los ejecutivos de JBS dieron a cambio de beneficios judiciales.
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El fiscal general, Rodrigo Janot, investiga al mandatario por sospechas de corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia.
Una vez formulada, la denuncia del fiscal debería ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados para luego ser aceptada por el STF. En ese caso, Temer se convertiría en imputado y estaría obligado a separarse del cargo.
Pero otros fantasmas merodean el Palacio de Planalto, como la posible salida de la coalición gubernamental del PSDB, que supondría una sentencia de muerte para Temer.
El entorno de Temer también está en alerta por una posible declaración premiada de uno de sus hombres de confianza, el exdiputado Rodrigo Rocha Loures, detenido el sábado en Brasilia.
El exasesor presidencial, señalado por JBS como la persona directamente designada por Temer para recibir sobornos, fue filmado cuando recogía una maleta con 500.000 reales (unos $150.000) de un emisario de la empresa.
Si Temer cayera, la Constitución dice que el Congreso debe elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines del 2018.
Con decenas de legisladores investigados por corrupción, miles de brasileños piden que el desenlace de esta nueva crisis se resuelva con elecciones directas.
