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Rangún. Los militares que dieron el golpe de Estado en Birmania se hallaban sometidos este martes a una fuerte presión, después de manifestaciones multitudinarias y de que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) adoptaran nuevas sanciones contra ellos.
Desde hace tres semanas, las autoridades birmanas han intensificado la represión contra la movilización prodemocracia.
Por ahora, tres manifestantes resultaron muertos y un hombre que patrullaba para evitar arrestos masivos en un barrio de Rangún fue abatido.
El lunes por la noche Estados Unidos anunció sanciones contra otros dos líderes de la junta militar birmana que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi: el general Maung Maung Kyaw, a la cabeza de la Fuerza Aérea, y el teniente general Moe Myint Tun.
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Washington ya anunció hace 10 días una salva de medidas similares contra varios miembros de la junta en el poder, incluido su jefe, el general Min Aung Hlaing.
“No dudaremos en tomar nuevas medidas contra quienes perpetran la violencia y anulan la voluntad del pueblo”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.
“No vacilaremos en nuestro apoyo al pueblo de Birmania”, añadió.
Hizo un llamamiento “a las fuerzas armadas y a la Policía para que cesen sus ataques contra manifestantes pacíficos, liberen inmediatamente a todos los detenidos injustamente, dejen de atacar y de intimidar a periodistas y activistas y restablezcan el gobierno elegido democráticamente”.
El anuncio se produjo horas después de que la UE decidiera imponer sanciones contra los intereses económicos y financieros de los militares responsables del golpe.
“Se suspende toda la ayuda financiera directa (...) para los programas de reforma del gobierno”, afirmó el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell.
Sin embargo, precisó que la UE no tiene la intención de reducir sus relaciones comerciales con Birmania, porque teme que esto afecte a la población.
‘Rezar por ellos’
Estas sanciones llegan después de que el ejército birmano utilizara balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua y, a veces, munición real contra los manifestantes.
También desplegó más fuerzas de seguridad en las calles de Rangún, la principal ciudad del país y su capital económica.
Para evitar que los manifestantes se congregaran instalaron barricadas en los cruces y arterias que conducen a las embajadas.
Desde el golpe de Estado, más de 680 personas han sido detenidas, acusadas o condenadas, según una oenegé que ayuda a los presos políticos. Casi todas siguen entre rejas.
Los cortes de internet nocturnos, ordenados por la junta, hacen temer que las autoridades los aprovechen para llevar a cabo detenciones masivas de activistas prodemocracia.
Hasta ahora, las medidas tomadas por la junta no han disuadido a los manifestantes. Muchos de ellos son funcionarios, empleados de bancos, personal sanitario o trabajadores de obras públicas que han dejado de trabajar en solidaridad con las protestas.
El lunes, decenas de miles de personas se reunieron en Naipyidó, la capital administrativa.
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Más de un centenar de personas fueron detenidas. La Policía persiguió a algunas por las calles.
En Rangún, los manifestantes continuaron desfilando a pesar de la presencia de la policía y de las barricadas levantadas en la ciudad.
Participaron en vigilias improvisadas en memoria de los manifestantes muertos.
“Solo Podemos rezar por ellos”, explicó uno de ellos, Thura Myo, un estudiante. “Aunque estamos tristes, la comunidad internacional escuchará nuestras voces”, añadió.
Los llamamientos a dejar de trabajar trastornaron las actividades del gobierno, de las empresas y de los bancos.
El domingo la junta amenazó con usar la fuerza letal para acabar con la “anarquía”, advirtiendo a los manifestantes que corrían el riesgo de morir.
