EscucharManagua. El sueño de Nicaragua de construir un canal interoceánico se desvanece ante la incertidumbre sobre los $50.000 millones necesarios para financiarlo y la decisión de China de abrir relaciones con su rival de Panamá.
El proyecto “ha quedado desfinanciado totalmente porque no reunió los requisitos de confiabilidad que necesitaba” para su ejecución, valoró el exdiputado opositor y catedrático universitario, Eliseo Núñez.
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Campesinos se manifestaron contra la construcción del canal, en la isla de Ometepe, Nicaragua, el 7 de enero del 2017. (INTI OCON)
Hace cerca de cinco años, el magnate chino Wang Jing, dueño de la empresa HK Nicaragua CanalDevelopment (HKND), obtuvo una concesión exclusiva del gobierno nicaragüense para diseñar, construir y operar, hasta por un siglo, un canal de 276 kilómetros de largo, el más grande del mundo.
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Con la promesa de convertir a Nicaragua en el país más rico de la región, Wang inauguró las obras a finales del 2014, pero un año después perdió la mayor parte de su fortuna valorada en $10.200 millones, según Bloomberg, y desapareció.
“Es un fantasma, no ha vuelto a aparecer”, dijo a la AFP la abogada ambientalista Mónica López, autora del libro sobre el canal “La entrega de un país”.
Los estudios de factibilidad financiera que según HKND realizó la firma McKinsey & Company no han sido publicados y países como Irán, que expresaron interés en el proyecto, no han concretado públicamente una oferta.
La construcción de carreteras de acceso al canal en la costa del Pacífico sur están suspendidas y los trabajos de excavación de 5.000 millones de metros cúbicos de tierras, que iniciarían en el 2016, fueron aplazados de manera indefinida.
El canal “ha perdido interés a partir del debilitamiento del inversionista chino, y el gobierno nicaragüense no tiene capacidad de mover el proyecto por sí mismo”, señaló a la AFP Víctor Campos, director del ambientalista Centro Humboldt.
Comunidades del sur por cuyas tierras se abriría la zanja para dar paso a buques de gran calado, siguen su vida normal.
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“Es verdad que han habido retrasos pero la empresa (HKND) ahí está trabajando, lo que pasa es que es un proyecto muy grande” dijo Manuel Coronel Kautz, presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. “Va lento pero normal”, aseguró.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá en junio pasado, también alejó a Pekín como potencial inversionista en el canal nicaragüense.
“China invertirá $25.000 millones (al año) en diferentes países de América Latina, pero Nicaragua no está en su radar”, señaló el exdiplomático Mauricio Díaz a la AFP.
“Siempre se ha especulado sobre el posible interés del Estado chino en la concesión (canalera), pero lo cierto es que los 19 acuerdos comerciales que China suscribió el año pasado con Panamá indican que su interés está concentrado” en ese país, coincidió López.
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“No estoy seguro que China esté detrás del canal, pareciera que Wang actuó solo” y “que Nicaragua cayó en una especie de estafa internacional”, sopesó por su lado el exdiputado Núñez.
Advirtió que Nicaragua enfrenta una incertidumbre legal porque la concesión del proyecto del canal da muchas ventajas a HKND.
La ley impide a Nicaragua tomar acciones civiles y penales contra el inversionista en caso de incumplimiento, aunque puede derogar la concesión con el 60% de votos del Parlamento, en manos del oficialismo.
La ley de concesión “es una espada de Damocles que pesa sobre los campesinos porque autoriza expropiar tierras no solo en la franja del canal, sino en toda Nicaragua”, dijo a la AFP la dirigente opositora Violeta Granera.
Y aunque no se haga, está “atado a varios subproyectos” que permitirán hacer negocios libres de fiscalizaciones, observó.
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Defensa del ambiente
Los campesinos que viven en la zona del proyecto, entre la desembocadura del río Brito en el Pacífico y el delta del río Punta Gorda en el Caribe, no han bajado la guardia y continúan exigiendo la derogación de la ley que amenaza con expropiar sus tierras.
“Aquí no se ve totalmente nada de movimiento sobre el canal como antes”, pero mientras la ley esté vigente “nosotros no vamos a dejar de luchar”, dijo la líder del movimiento campesino anticanal Francisca Ramírez.
Ramírez ha encabezado un centenar de protestas contra el proyecto, que prevé desalojar 120.000 campesinos, según estudios independientes. HKHN calcula que serán 27.000 los desalojados.
En diciembre, HKND informó en un comunicado que estaba trabajando en “el diseño e investigaciones para la construcción” del canal, que destacó como “el mayor proyecto de ingeniería civil del siglo” XXI.
El gobierno nicaragüense renovó en abril pasado el permiso ambiental aprobado en el 2015 a HKND, pese a cuestionamientos de ecologistas, y luego publicó el Libro Blanco sobre el proyecto, que según la empresa ratifica “el firme apoyo” del gobierno de Daniel Ortega a la iniciativa.
