“Los padres de Amaya denuncian que a su hija una oficial de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, de la Policía) la golpeó posterior a la visita de hoy” (martes) en la cárcel, indicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Twitter.
La agresión contra Coppens fue "en represalia por haberles contado (a sus padres) sobre el trato inhumano que están sufriendo los presos políticos dentro del penal", agregó el Cenidh.
Los padres de Amaya, la nicaragüense Tamara Zamora y el belga Fréderic Coppens, dieron su versión a medios locales tras visitar este martes a su hija en la cárcel El Chipote, un antiguo centro de torturas donde funciona la DAJ en Managua.
“La golpiza fue después de la visita, en represalia porque (los oficiales) vieron que ella nos estaba poniendo una queja”, dijo el padre de la joven.
La madre de la estudiante explicó que supieron de la agresión por un grupo de familiares de presos que entró a la prisión después de ellos.
Esas personas vieron cómo un oficial “la agarró del cuello y la dejó marcada” por pedir que le facilitaran los medicamentos para la presión alta que le habían traído sus padres, relató Zamora.
En la visita familiar, Amaya contó además que son maltratados por una oficial y les niegan asistencia médica cuando tienen problemas de salud.
Los detenidos se ven “pálidos, no reciben horas de sol como deberían. Están violentando los derechos humanos de los presos políticos”, protestó Zamora.
Amaya Coppens, de 25 años, fue detenida con otros 12 opositores el 14 de noviembre tras solidarizarse con 11 mujeres que realizaban una huelga de hambre en una iglesia de la ciudad de Masaya, en el sur del país, para demandar la liberación de más de 150 opositores presos.
La Policía acusó al grupo, conocido como “los aguadores”, de transporte ilegal de armas.
Los vinculó además con un supuesto grupo delictivo que pretendía dañar infraestructuras públicas.
El domingo pasado, un tribunal de justicia de Managua fijó el juicio contra los acusados para el 30 de enero.
Es la segunda vez que Coppens es encarcelada por protestar contra el gobierno, que en abril del 2018 fue sacudido por masivas manifestaciones, cuya represión dejó al menos 328 muertos, según grupos humanitarios.
