“Es el juicio más importante que hemos tenido en democracia”, aseguró este mismo viernes el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en un encuentro con prensa internacional para hablar del proceso.

Mas de 600 periodistas están acreditados para seguir el proceso que deberá durar “alrededor de tres meses”, hasta finales de abril o principios de mayo, dijo Lesmes. La sentencia, añadió, no llegará hasta después de otros dos o tres meses.

Convencidos de no haber cometido ningún delito durante su intento de secesión, que reivindican pacífico y democrático, los independentistas califican el juicio como “una farsa” y denuncian la larga prisión preventiva a la que se han sometido nueve acusados.

“Estamos ante una estrategia premeditada para liquidar la expresión y la voluntad democrática de los catalanes”, denunció este viernes el presidente regional, Quim Torra.

Desde Madrid, la portavoz del Gobierno español, Isabel Celáa, respondió tajantemente: “Será un juicio con todas las garantías, este es un país social y democrático de derecho absolutamente contrastado, homologable a todos los países del entorno”.

El mismo mensaje transmitió Lesmes, quien denunció “una gran campaña de desprestigio de la institución judicial española” y defendiendo la “enorme pluralidad ideológica” de los siete magistrados que juzgarán el caso.

Los inculpados

En el banco de los acusados se sentarán el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, otros miembros del antiguo gobierno catalán, dos líderes de asociaciones independentistas y la expresidenta de la Cámara regional Carme Forcadell.

Nueve de ellos están en prisión preventiva, algunos desde hace más de un año, y este viernes fueron trasladados desde cárceles catalanas hacia otros centros en las afueras de Madrid para estar a disposición del Tribunal.

Junto a la fecha de apertura del juicio, los magistrados difundieron los “centenares” de testigos aceptados. Además de Rajoy, mandatario español durante los hechos, deberán testificar quien fue su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría; su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el expresidente regional catalán Artur Mas (2010-2016).

Entre las grandes ausencias figura la de Carles Puigdemont, quien no estará ni como acusado al residir en Bélgica ni como testigo por videoconferencia tal y como habían solicitado algunos defensores.

Al frente del gobierno que impulsó el proceso de secesión, Puigdemont marchó al extranjero días después de que el Parlamento de Cataluña, dominado por los independentistas, proclamó una república el 27 de octubre del 2017.

Esta proclamación, no reconocida por ningún país y abortada rápidamente por el Gobierno español con la toma de control de la administración regional, estuvo precedida por la celebración de un referendo de autodeterminación ilegal el 1.° de octubre.

La grave crisis vivida ese mes volverá a la palestra durante el juicio con un debate fundamental: ¿hubo o no hubo violencia en el intento de los independentistas de separar la rica región del resto de España?

Ante la indignación independentista, que asegura que la única violencia procedió de los policías mandados por Madrid para impedir el referendo, la Fiscalía defiende que sí y acusa a nueve de los procesados de rebelión, un delito que implica “alzamiento violento”.

Aunque no se utilizaron armas ni se llamó a la lucha armada o violenta, el ministerio fiscal argumenta que los separatistas “contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”.

El juicio,y sobre todo la sentencia, especialmente si las penas son elevadas, pueden sacudir nuevamente la política española y torpedear los intentos de acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, de quienes depende su frágil mayoría parlamentaria en Madrid.