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Johannesburgo. La escasez de alimentos y gasolina se cernía este miércoles sobre Sudáfrica en el sexto día de una ola de violencia causada por el desempleo endémico y las nuevas restricciones por la covid-19, que ha dejado al menos 72 muertos.
Desde temprano, largas filas se habían formado delante de las estaciones de servicio y los supermercados sobre todo en los alrededores de Johannesburgo o Durban, en la provincia de KwaZulu-Natal.
La víspera, la mayor refinería del país anunció el cierre “por fuerza mayor” de su estación en esta región, que abastece cerca de un tercio del combustible que se consume en el país. La Asociación de Automovilistas evocó una escasez de carburante “inevitable” en los próximos días, con estaciones ya vacías u obligadas a racionar su carburante.
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El bloqueo y la inseguridad en las principales conexiones terrestres entre estas dos zonas está dificultando la distribución de comida o incluso de las vacunas contra la covid-19.
Los agricultores advirtieron que ya no pueden transportar su mercancía. “Nos vamos a enfrentar una crisis humanitaria masiva”, alertó el director de la principal organización agrícola AgriSA, Christo van der Rheede.
En KwaZulu-Natal, el grupo hospitalario privado Netcare suspendió la vacunación al no poder hacer llegar las dosis a los centros sanitarios.
Numerosas regiones podrían “carecer pronto de productos de primera necesidad”, alimentación, carburante o medicamentos por las dificultades de aprovisionamiento, reconoció la oficina del presidente Cyril Ramaphosa en un comunicado.
Solicitud para desplegar 25.000 soldados
Desde hace varios días, la provincia de KwaZulu-Natal y de Guateng (donde se encuentran dos de las principales ciudades del país, Johannesburgo y Pretoria), viven bajo un torbellino de violencia alimentada por la pandemia y una economía hundida con una tasa de desempleo récord (32,6%).
El último balance oficial daba cuenta de 72 muertos y 1.234 detenidos. La mayoría de los decesos se produjeron durante los saqueos, como consecuencia de avalanchas en las tiendas y centros comerciales.
La Policía se vio rápidamente desbordada y el gobierno decretó el despliegue del Ejército. El miércoles, alrededor de 5.000 soldados trataban de mantener el orden, el doble de efectivos movilizados en el día anterior.
Sin embargo, aún así, el gobierno registró 208 incidentes de pillaje y vandalismo en la jornada.
La ministra de Defensa Nosiviwe Mapisa-Nqakula indicó posteriormente al Parlamento que solicitará el despliegue de 25.000 soldados, sin precisar cuándo estos refuerzos estarán operativos.
En la noche, el centro comercial de Vosloorus, 30 km al sur de Johannesburgo, fue devastado y parcialmente incendiado. Varios cadáveres fueron hallados en el lugar. Conductores de taxi armados acudieron allí por la tarde para hacer huir a los saqueadores.
“Nos pasamos la vida sirviendo a la comunidad y mira qué sacamos a cambio. Me rompe el corazón”, decía abatido Mike de Freitas, de 45 años, gerente de una carnicería que había ido a valorar los daños.
Y en la provincia de KwaZulu-Natal, los campos de caña de azúcar fueron quemados y el ganado robado. “La gente ha saqueado las tiendas y, ahora que no tienen comida, atacarán las granjas”, decía Van der Rheede.
Según el regulador sudafricano de consumo, más de 800 tiendas fueron saqueadas.
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El rey zulú pide paz
Los primeros incidentes estallaron al día siguiente de la entrada en prisión el jueves del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia, la chispa que encendió una sociedad frustrada por la crisis económica y la pobreza.
El rey Misuzulu Zulu, autoridad moral respetada por los once millones de zulús, etnia mayoritaria en el país, pidió “paz” y aseguró sentir “una gran vergüenza” por estos episodios.
La Unión Africana condenó “con firmeza” el martes por la noche la violencia y los saqueos, haciendo un llamamiento al “restablecimiento urgente del orden”, al tiempo que evocó el riesgo para la estabilidad de la región.
En algunos barrios, los vecinos se organizaron para asegurar ellos mismos la protección de sus tiendas, aunque las autoridades pidieron que “eviten hacer su propia justicia”.
