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Carletonville, Sudáfrica
Un aparcamiento abandonado y un edificio en ruinas cubierto por las hierbas es todo lo que queda del lujoso golf de Blyvooruitzicht, localidad del norte de Sudáfrica sumida en la decadencia desde el cierre de su mina de oro.
Joseph Rammusa, de 53 años, fue el orgulloso último presidente del club de golf. En 2013, la vida de esta localidad, situada unos 100 km al este de Johannesburgo, dio un giro radical.
"El 12 de agosto por la noche me llamaron de urgencia a la oficina para imprimir un documento", explica. "Empecé a leerlo y quedé conmocionado: entendí que nuestra mina iba a ser liquidada".
Desde hacía 70 años, Blyvooruitzicht se asentaba sobre uno de los mayores filones de oro de Sudáfrica. Y su mina había sido una de las más importantes del país en los años 1960.
Pero hace cuatro años años la empresa explotadora decidió que había dejado de ser rentable y la cerró dejando a sus 1.700 empleados sin trabajo.
El de Blyvooruitzicht no es un caso aislado: en Sudáfrica, se multiplican desde hace años los cierres de minas, una de las principales riquezas del país, a raíz de las huelgas o las variaciones en el precio de las materias primas.
Las minas de oro, cada vez a mayor profundidad, necesitan mucha mano de obra, lo que las hace menos rentables.
Sudáfrica, que llegó a ser el primer productor de oro del mundo, se encuentra actualmente en la séptima posición, tras una caída del 40% de su producción en 10 años.
Cuando cerró la mina, "todo comenzó a decaer", dice Rammusa.
Los empleados que fueron despedidos no obtuvieron ninguna indemnización debido a un litigio entre los dos últimos operadores de la mina, los grupos DRD Gold y Village Main Reef.
Los 6.000 habitantes de la localidad perdieron el acceso gratuito al agua y la electricidad, que hasta entonces pagaba la mina.
Peor aún: la empresa explotadora dejó un vertedero industrial a cielo abierto. Ahora, cuanto sopla el viento Blyvooruitzicht se ve cubierto por una espesa nube de polvo tóxico.
Y en las calles, las bandas criminales comenzaron a disputarse, arma en mano, el pillaje de las instalaciones mineras.
Cuatro años después del cierre, nada ha cambiado. Sin trabajo, los mineros y sus familias sobreviven como pueden.
"Tengo un poco de dinero gracias a mi madre, que recibe ayudas sociales", reconoce Elliot Matshoba, de 51 años. "Luchamos por comer, por el agua, por la electricidad...", enumera, "incluso para poder mandar a nuestros hijos a la escuela".
En el plano medioambiental, la situación tampoco ha mejorado. Las aguas usadas corren por las calles y solo hay agua potable de forma intermitente.
"El gobierno dice que no puede hacer nada por nosotros", denuncia con amargura uno de los habitantes, Pule Molefe, de 38 años.
Según el abogado Michael Clements la situación se explica por una aplicación estricta de la ley de quiebra por parte de las autoridades, que deja toda la responsabilidad a los antiguos explotadores.
No obstante, los grupos mineros, que durante muchos años fueron intocables debido a su gran peso económico, podrían verse ahora obligados a un cambio, a raíz de una demanda penal por daños contra el medio ambiente que acaba de ser presentada contra los propietarios de Blyvooruitzicht.
Por primera vez, el Estado se asoció a los activistas y la fiscalía decidió emprender también acciones.
Mientras llega una eventual condena, Rammusa, exempleado, sigue con la esperanza puesta en la reapertura de la mina.
"Hay un empresario que quiere retormarla para volverla a abrir", quiere creer. "No todo el mundo encontrará trabajo pero los que lo tengan devolverán un poco de vida al pueblo".
