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Manila
La Corte Suprema de Filipinas respaldó este martes la instauración de la ley marcial por el presidente Rodrigo Duterte en todo el tercio sur del país, que el mandatario justifica como necesaria para combatir a los yihadistas afines al grupo Estado Islámico (EI).
Duterte impuso la ley marcial en la región de Mindanao, sacudida por una rebelión islamista, el 23 de mayo, horas después de que cientos de hombres armados y portando banderas negras de EI ocupasen partes de la ciudad de Marawi, ciudad musulmana en un país de mayoría católica, y lanzasen sangrientos enfrentamientos con el Ejército que aún no han cesado.
Ya van seis semanas que el ejército filipino batalla casa por casa para reconquistar esta ciudad.
Parlamentarios de la oposiccion habían recurrido a la Corte Suprema para solicitarle que rechazase la ley marcial debido a la "ausencia completa de justificaciones" para su establecimiento, presentando paralelismos con el gobierno militar del exdictador Ferdinand Marcos.
Pero una gran mayoría de los jueces rechazó esta petición, declaró a los periodistas el portavoz de la Corte ,Theodore Te, sin argumentar la decisión.
"Con esta decisión, todo el gobierno está unido contra un enemigo común", declaró el portavoz de Duterte, Ernesto Abella, en un comunicado. "Pedimos a la población que aporte su respaldo y su plena cooperación a las autoridades locales", agregó.
Los combates en Marawi dejaron más de 460 muertos, destruyeron barrios enteros y obligaron a 400.000 personas a huir de sus hogares.
El Ejército filipino, respaldado por unidades de artillería y la aviación militar, así como por soldados estadounidenses, debe luchar por cada casa para retomar el control de la situación.
El jefe de los rebeldes armados, Isnilon Hapilon, uno de los hombres más buscados del mundo, seguiría con vida y estaría escondido en una mezquita, declaró el lunes el secretario de Defensa, Defin Lorenzana, en una conferencia de prensa en Manila.
La ley marcial permite a las fuerzas de seguridad arrestar a sospechosos durante tres días sin intervención de la Justicia.
El gobierno indicó que 66 personas fueron detenidas bajo este régimen, por sus vínculos con los yihadistas de Marawi. Entre ellos se encuentran los padres de los hermanos Maute, dos de los líderes de la insurrección.
En su recurso, los legisladores de la oposición habían invocado las horas negras de la dictadura de Marcos, que terminó en 1986 al cabo de dos décadas.
"El espectro siniestro de la represión, las atrocidades, la injusticia y la corrupción atormenta nuevamente al pueblo filipino, con esta declaración injustificada de ley marcial, precipitada y anticonstitucional", según el escrito presentado por seis legisladores.
Miles de opositores, presuntos rebeldes y sus supuestos cómplices habían terminado en prisión, torturados o asesinados, según los historiadores.
Poco después de decretada la ley marcial, Duterte alabó la dictadura de Marcos y prometió que su propia versión de este régimen de excepción sería "severa".
La oposición criticó, entre otros puntos, una desproporción en la ley marcial que cubre un tercio del país cuando los combates están confinados a Marawi.
La Constitución de 1987 impone límites a la instauración de la ley marcial para evitar abusos similares a los de la dictadura de Marcos y ofrece a la Corte Suprema la posibilidad de evaluar su justificación.
La ley marcial está igualmente limitada a 60 días y su renovación por otro periodo está sujeta a un voto del Parlamento. Duterte afirmó que podría efectivamente prolongar la disposición y amenazó con extenderla a todo el país.
Duterte, que ya es criticado por las derivas y la violencia de su "guerra contra la droga", advirtió qde ue no tendría cuenta de la decisión de la Corte Suprema y que solo escucharía a la policía y al ejército.
