La Nación conversó este 5 de setiembre con Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, sobre el momento actual en el país del norte. Rojas estuvo en Costa Rica y se entrevistó con autoridades gubernamentales.

– ¿Cómo valora Amnistía Internacional la situación actual de Nicaragua?

– El año pasado lanzamos un informe sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto de la lucha de quienes se oponen a la construcción de un canal interoceánico y ya alertábamos de los síntomas graves en términos de la restricción de derechos a la libertad de expresión, a la asamblea pacífica, la coaptación de los medios de comunicación por parte del gobierno, la poca independencia del sistema de justicia que no estaba garantizando justicia a las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

“Así es que la crisis desencadenada a raíz de una reforma a la seguridad social, el 18 de abril, para nosotros era precisamente como esta sintomatología que ya veníamos alertando y como la acumulación del descontento social termina en un estallido en contra del gobierno”.

– ¿Cuáles son las mayores preocupaciones?

– Nuestra preocupación principal es lograr que se ponga un fin a la represión, vemos una disminución de la población que se manifiesta en las calles. Esto coincide con que ahora hay una violencia selectiva cometida por la Policía y por estos grupos paramilitares. Han incrementado y sofisticado las operaciones conjuntas con armamento de alto calibre. Un uso desmedido y letal de la fuerza ha sido una constante que ahora ha provocado el éxodo de personas, principalmente hacia Costa Rica.

– ¿Qué significa la expulsión del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos?

– Permitir el ingreso de organismos regionales e internacionales y de los expertos independientes es parte de una simulación del presidente Ortega. Todos estos organismos que tienen un compromiso en velar por los derechos humanos no tienen acceso a la información necesaria para realizar el trabajo de investigación al que inicialmente accedió el presidente Ortega.

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"Precisamente, el día que el gobierno del presidente Ortega firma un acuerdo para la creación de un grupo de expertos independientes, el 30 de mayo, se ataca violentamente una marcha pacífica y asesinan a 28 personas.

“La expulsión de este órgano (el Alto Comisionado) es un síntoma gravísimo de deterioro y de la desprotección de la población. La población tiene mucho temor ya que el trabajo de estas delegaciones había por lo menos logrado un decrecimiento en el accionar violento por parte de las autoridades”.

– ¿Podrían sufrir igual suerte otros organismos defensores de los derechos humanos, como la CIDH?

– Es muy probable que el mecanismo de seguimiento (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también reciba, muy pronto, una carta que ponga fin a la invitación del Estado.

"No podemos olvidar que se trata de organizaciones intergubernamentales que requieren de la invitación y aceptación del gobierno. No trabajan como Amnistía Internacional, que no requiere el permiso de ningún gobierno para hacer el trabajo.

“Este es un gobierno que se ha vuelto inmune a las denuncias y a las críticas, y que opera con un nivel de negligencia e indolencia ante el sufrimiento de su población”.

– Nicaragua parece estar en un punto de no retorno desde las protestas de abril: la Iglesia, la empresa privada e incluso parte del movimiento de izquierda ha adoptado una posición de denuncia. ¿En qué posición queda Ortega? ¿Cómo cambia ante el ojo internacional?

– Hay una situación clara de ingobernabilidad en Nicaragua. En un contexto en donde la propia Constitución marca que el líder supremo de la Policía es el presidente Daniel Ortega, queda claro que un gobierno como ese no puede seguir.

"Se están generando condiciones socioeconómicas que no van a permitir el ejercicio de derechos fundamentales económicos y sociales dentro de Nicaragua. La pérdida laboral, de capital humano, de acceso a la salud y la educación, entre otros.

"Cuando reparar las injusticias implica traer el presidente y la vicepresidenta ante la Justicia como parte de los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos, estamos hablando de un colapso total de la institucionalidad de Nicaragua.

“A pesar de que el presidente Ortega decidiera tomar la decisión voluntaria de dejar el poder o llamar a elecciones adelantadas, como han sido algunos de los llamados de los sectores de la sociedad representados en la Alianza Cívica en el diálogo, la realidad es que no es una crisis que tenga una solución inmediata, porque el daño que se ha generado es profundo en todo el tejido social del país”.

– ¿Cuál es el criterio de AI sobre la posición de la comunidad internacional ante el deterioro de los derechos humanos? ¿Qué más puede y debe hacer?

– Cualquier solución a la crisis de Nicaragua tiene que pasar por una solución que garantice justicia para las víctimas; que no se le garantice justicia a las víctimas no solo generaría perpetuidad de las violaciones a los derechos humanos sino que no garantizaría que se repita esta situación, que es lo que lamentablemente continuamos viendo en Nicaragua.

“En la medida que los Estados no asuman su responsabilidad y sus obligaciones compartidas de protección de los derechos humanos, es muy difícil que esta presión internacional que se ha generado pueda tener un resultado”.

"Hay iniciativas y esfuerzos compartidos por los Estados para intentar coadyuvar a la sociedad civil nicaragüense, para poder solucionar los problemas que enfrenta su país. Por ejemplo, por primera vez, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas escucha la situación de Nicaragua en la plenaria. Hay realmente esfuerzos que por lo menos han dado visibilización a la situación.

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"Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes. Este es un gobierno que se ha vuelto inmune a las denuncias y a las críticas, y que opera con un nivel de negligencia e indolencia ante el sufrimiento de su población. Hay gobiernos que todavía tienen inversiones en Nicaragua. Hasta hace algunas semanas, los Estados Unidos continuaba dando asistencia técnica y financiera a la Policía de Nicaragua. España ha tenido gestos solidarios de denuncia con el pueblo de Nicaragua, pero sigue asistiendo técnicamente a la Policía. Aún hay venta de armamentos a Nicaragua.

“En la medida en que los Estados no asuman su responsabilidad y sus obligaciones compartidas de protección de los derechos humanos, es muy difícil que esta presión internacional que se ha generado pueda tener un resultado en la vida de las personas que hoy en día son las que están sufriendo”.