La Habana
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC anunciaron este miércoles un histórico alto al fuego definitivo, que abre la puerta a un pacto final de paz para acabar con más de medio siglo de conflicto armado.
En un comunicado conjunto, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) informaron de que alcanzaron "con éxito el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”, sin especificar la fecha de entrada en vigor.
Según cifras oficiales, el conflicto colombiano deja 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,6 millones de desplazados.
Ambas delegaciones indicaron que lo acordado “se dará a conocer” este jueves en un acto encabezado por el presidente Santos, el jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez (alias Timochenko), así como por representantes de los países garantes: por Cuba, el presidente Raúl Castro, y por Noruega, el canciller Borge Brende.
Un gran día. “Mañana será un gran día. Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad”, escribió Santos en Twitter.
El pacto que se anuncia este jueves cierra el espinoso punto del fin del conflicto incluido en las conversaciones que se desarrollan desde noviembre del 2012 en Cuba. Incluye un consenso sobre “la dejación de las armas; garantías de seguridad (para los rebeldes) y la lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo”.
Ahora resta consensuar el mecanismo que se usará para refrendar el acuerdo final, último punto de la agenda.
Santos quiere un plebiscito, mientras que las FARC, que antes reclamaban una asamblea constituyente, se declararon recientemente abiertas a una consulta popular.
El secretario general de las Nacioens Unidas, Ban Ki-moon, y los presidentes de los países acompañantes de las pláticas, Nicolás Maduro, de Venezuela, y Michelle Bachelet, de Chile, estarán asimismo presentes en La Habana, agregó el comunicado conjunto.
También estarán presentes en La Habana los gobernantes de República Dominicana, Danilo Medina, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.
En Colombia, desde figuras públicas hasta cientos de ciudadanos se congratulaban por este avance definitivo del proceso de paz, aunque otros también expresaban su incredulidad.
“Sin lugar a dudas es el inicio de una etapa en la cual esa violencia organizada no será el instrumento para construir una oposición política al Estado, es histórico en ese sentido”, dijo Jorge Restrepo, director del centro de seguimiento del conflicto.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, quien pidió que se entreguen y destruyan "las armas públicamente", acompañará también a Santos en Cuba.
El expresidente César Gaviria congratuló a Santos por guiar "este proceso con paciencia, sabiduría e inteligencia".
"Significa el fin del conflicto más longevo y sangriento del hemisferio occidental y una nueva oportunidad para apostarle a la democracia”, consideró, por su parte, Angelika Rettberg, directora de la maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes.
En los últimos días, las partes habían acelerado las conversaciones. Santos estimó el lunes que el diálogo finalizará alrededor del 20 de julio, fiesta nacional en Colombia.
Santos y Timochenko se habían comprometido en setiembre a firmar la paz el 23 de marzo. Sin embargo, no lograron cumplir el plazo ni han prometido otra fecha, aunque ambas partes han dicho que las conversaciones están ya en su recta final.
Desde julio, la guerrilla de las FARC, la principal y más antigua del país, surgida de una sublevación campesina en 1964, mantiene un alto al fuego unilateral, mientras que el gobierno suspendió los bombardeos aéreos en su contra.
Para la desmovilización de las FARC, los negociadores discuten la creación de zonas de concentración de unos 7.000 rebeldes, cuyo desarme se hará bajo supervisión de Naciones Unidas.
El gobierno y las FARC han firmado varios acuerdos provisionales, entre ellos la lucha contra el tráfico de drogas y la reparación a las víctimas. También han negociado en las últimas semanas un blindaje legal del acuerdo final de paz y la renuncia al reclutamiento de menores por parte de la guerrilla.