En Colombia, 17 líderes sociales fueron asesinados en los últimos dos meses, cuando se aprobó el acuerdo de paz con la guerrilla FARC que busca superar más de medio siglo de conflicto armado, informó este lunes el Gobierno.
"Ya son 17 los líderes sociales asesinados desde el 1°. de diciembre, fecha en la que el Congreso de la República refrendó el Acuerdo de Paz", indicó la estatal Unidad para las Víctimas en un comunicado.
"Estamos sumamente preocupados por la ocurrencia de estos hechos, porque la verdad es que están masacrando a los líderes sociales", dijo Alan Jara, director de esa entidad, citado en el texto.
La última víctima fue el líder de restitución de tierras Porfirio Jaramillo, asesinado el sábado en el municipio de Turbo, departamento de Antioaquia (noroeste), cuando cuatro hombres armados llegaron a su vivienda y se lo llevaron por la fuerza en una motocicleta, de acuerdo con el organizmo.
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La Policía halló el cadáver de Jaramillo, que reclamaba la devolución de un terreno ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el domingo en la madrugada en área rural de Turbo.
Jara instó a la fiscalía a priorizar las investigaciones de estos homicidios y pidió a las autoridades a que brinden a los líderes "medidas de protección pertinentes".
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han denunciado con insistencia los homicidios.
El miedo de las FARC a que la dejación de armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil genere violencia y muerte remite al exterminio de la Unión Patriótica (UP) tras el fallido proceso de paz del presidente Belisario Betancur en 1984.
Entonces, unos 3.000 miembros de ese movimiento político de influencia comunista, entre ellos dos aspirantes a la Presidencia, fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.
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Acuerdo con el Gobierno
Las FARC, principal y más antigua del país, firmó en noviembre un acuerdo para terminar 52 años de conflagración, que fue refrendado por el Congreso tras el rechazo en octubre en un plebiscito al pacto original, lo que obligó a la renegociación de lo convenido luego de cuatro años de diálogos en Cuba.
Tanto las FARC como organizaciones sociales señalan a grupos paramilitares de extrema derecha como los responsables de los ataques, una versión desestimada por el Gobierno, que atribuye esas muertes a bandas criminales dedicadas al narcotráfico, formadas tras la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha en el 2006.
Según el movimiento izquierdista Marcha Patriótica, en lo que va del 2017 han sido asesinados 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Derechos Humanos contabilizó 64 homicidios en el 2016.
