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Bogotá. AFP. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron hoy en Bogotá un acuerdo militar que autoriza a tropas estadounidenses a operar desde siete bases colombianas y que suscitó el rechazo de varios países de la región y cuestionamientos internos.
El documento, cuyo texto será revelado la semana próxima, fue suscrito por el canciller colombiano Jaime Bermúdez y por el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, en un acto que se cumplió a puerta cerrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según trascendió, el acuerdo le permite a tropas de Estados Unidos operar durante los próximos diez años desde las bases aéreas de Palanquero (centro), Apiay (este) y Malambo (Caribe, norte).
También podrán utilizar los fuertes del Ejército Tres Esquinas (sur) y Tolemaida (centro), y las bases navales de Cartagena (Caribe) y Bahía Málaga (Pacífico, oeste).
El Congreso de Estados Unidos aprobó $46 millones para mejorar la base de Palanquero.
El convenio autoriza la presencia en el país de un máximo de 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del gobierno estadounidense. Los uniformados gozarán de inmunidad diplomática, lo que rechaza la oposición política y organizaciones no gubernamentales.
El gobierno de Álvaro Uribe asegura que “no habrá impunidad” en eventuales delitos que los militares estadounidenses cometan en el país, pues afirma que el acuerdo compromete a Washington a investigar y a castigar dichos casos.
“En el acuerdo se incluyeron cosas tan importantes como que no va a haber jurisdicción norteamericana o cortes marciales en territorio colombiano, o que Colombia pueda participar en la investigación que se adelante frente a funcionarios norteamericanos, y seguir esas investigaciones”, dijo Bermúdez.
El acuerdo no pasó por el control del Congreso, pese a que el Consejo de Estado (máximo tribunal de control administrativo) así lo conceptuó.
El Ejecutivo hizo caso omiso argumentando que no se trata de un acuerdo internacional, sino de un convenio simplificado y no implica paso de tropas extranjeras hacia otros países con fines bélicos.
De acuerdo con el embajador Brownfield, el pacto “actualiza” y “moderniza” los convenios que ya existen y datan de 1952, 1962 y 1974.
Además, desde el 2000 Colombia mantiene con Estados Unidos el denominado 'Plan Colombia', para enfrentar el narcotráfico y los grupos armados ilegales, mediante el cual Washington ha entregado a Bogotá $5.500 millones.
El nuevo acuerdo, según ha insistido en asegurar el gobierno de Uribe, se suscribirá a la “lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo” dentro de las fronteras colombianas.
Así lo prometió además la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, quien en una carta que envió en agosto pasado a los cancilleres de los 12 países de Suramérica, garantizó “que ninguna actividad, ninguna misión permitida bajo este acuerdo tendría un efecto extraterritorial”.
Clinton envió esa misiva a raíz de la inquietud surgida en la región que llevó a los mandatarios de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a una reunión extraordinaria el 28 de agosto en Bariloche, Argentina, y luego a sus cancilleres y ministros de Defensa a otra cita en Quito, el 15 de septiembre.
La tensión llegó incluso a prender alarmas por una carrera armamentista en la región, toda vez que el presidente venezolano Hugo Chávez, el más férreo opositor al acuerdo, lo esgrime para justificar la compra de armas al decir que su vecino será la plataforma de Estados Unidos para lanzar una ataque contra su país.
Estados Unidos inició la negociación del acuerdo luego de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidió no renovar la concesión de diez años de la base de Manta, plataforma de su lucha contra el narcotráfico en la región.
